Miles de personas han cortado este lunes la avenida Diagonal de Barcelona para exigir al Gobierno central que apruebe un decreto de vivienda con medidas «reales» y no un texto descafeinado. La protesta, convocada por los Sindicats de Llogateres, se ha producido en vísperas de la reunión del Consejo de Ministros en la que está previsto aprobar el conocido como decreto Mari Carmen, que el Ejecutivo negocia a contrarreloj con la oposición.
La convocatoria ha reunido a unas 2.000 personas según la Guàrdia Urbana, aunque los organizadores elevan la cifra a 20.000. Los manifestantes se han concentrado frente al Palau de Congressos, donde el presidente Pedro Sánchez participaba en una entrega de premios, y han cortado una vía esencial para la movilidad con el Baix Llobregat. Al grito de «Maricarmen no estás sola», «Vosotros rentistas, sois los terroristas» o «No me quiero dejar el salario para vivir en el barrio», los asistentes han reclamado soluciones estructurales a la crisis de la vivienda.
La portavoz del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ha advertido de que la lucha continuará hasta que el decreto incluya los alquileres indefinidos y la congelación de rentas. «No queremos las migas ni un decreto farsa», ha dicho dirigiéndose a Sánchez, y ha exigido que el Ejecutivo blinde los contratos convirtiéndolos automáticamente en indefinidos y congele los alquileres sin aplicar la actualización del IPC. Arcarazo ha descartado copiar en Barcelona la acampada de Sol en Madrid, pero ha insistido en la «huelga general» como única vía para «conseguir una victoria estructural» si el texto final queda lejos de las reclamaciones sociales.
Entre las demandas también figura la inclusión de medidas antidesahucio «estructurales» para evitar nuevos casos como el de Mari Carmen, la jubilada madrileña desahuciada la semana pasada, y el de Olga, la mujer de L'Hospitalet que se suicidó tras perder su casa. Ambos episodios, según los convocantes, han encendido «la chispa» de una movilización «que no se apagará» si no hay soluciones reales. La protesta de Barcelona se suma a las convocadas en decenas de ciudades españolas en la vigilia de la aprobación del decreto.
Gisela Bermúdez, portavoz del Sindicat d'Habitatge de Catalunya, ha recriminado al Gobierno su falta de ambición por no querer «romper las reglas del juego» y apostar por «medidas que ayuden a la clase trabajadora». La entidad propone «expropiar los pisos de los fondos buitre»: «Hay más de 700.000 pisos que deberían estar a disposición de los trabajadores para aumentar el parque de vivienda público, no es normal que no nos podamos permitir una habitación», ha señalado.
Las caras de la crisis han estado presentes en la concentración. Zuriñe Echaniz, de 36 años y vecina de L'Hospitalet de Llobregat, no puede permitirse un alquiler en Barcelona: «Siento vergüenza y rabia. Quiero reivindicar el derecho a la vivienda», ha declarado, al tiempo que ha pedido que la vivienda deje de estar «a la merced del mercado». «Traficar con la vivienda no es un derecho», ha añadido. Cristina Fàbrega, de 31 años, sigue viviendo en casa de sus padres debido a los precios y, aunque ha podido comprar un piso tras «muchos años de ahorrar», lamenta haber tenido que hacerlo fuera de su barrio de Gràcia, donde acceder a una vivienda es «imposible». A pesar de haber resuelto su situación, participa para «demostrar que los jóvenes se pueden movilizar» y confía en que esta oleada de protestas permita «arreglar las cosas».
También se ha acercado Lourdes, vecina de Barcelona y propietaria desde hace años, para mostrar su «solidaridad» con quienes sufren los altos precios del alquiler, especialmente los jóvenes. «Hay que hacer una ley que prohíba a los fondos buitre tener multipropiedades y poner alquileres desorbitados», ha indicado. La concentración refleja un malestar que, según los convocantes, lleva años gestándose y que ahora presiona al Gobierno para que el decreto no se quede en medidas simbólicas.