Un tribunal de Milán ha ordenado la administración judicial durante un año de la filial italiana de Revolut, el banco digital de origen lituano, tras constatar graves carencias en sus controles contra el blanqueo de capitales. La medida fue dictada el lunes a petición de la dirección antimafia de la Fiscalía de Milán y ejecutada por la Guardia di Finanza, la policía económica y financiera italiana.
Según la investigación, los movimientos sospechosos ascienden a 76,5 millones de euros en un periodo de cinco años y afectan a más de veinte clientes, algunos de ellos presuntamente vinculados a la mafia. En determinadas operaciones se aprecia además la circunstancia agravante del método mafioso, de acuerdo con las fuentes consultadas. Los fiscales describen las fallas como un «modelo de gestión estable», y no como errores puntuales o aislados.
Los investigadores sostienen que unos controles adecuados habrían permitido detectar a tiempo muchas de estas operaciones. Las deficiencias también dificultaron el rastreo de más de 4,6 millones de euros que están sujetos a embargo preventivo, lo que ha obligado a las autoridades a seguir el recorrido del dinero con más dificultades de las previstas.
La investigación nació a partir de una causa por fraude fiscal en la que se utilizaban cuentas de Revolut. Un segundo origen fue una inspección antiblanqueo sobre una unidad de activos criptográficos del grupo, en la que, según se ha informado, se detectaron más de un millón de posibles incumplimientos en la identificación de clientes y en la obligación de informar a las autoridades. Esa cifra es la que más preocupa a los inspectores, por el volumen de posibles fallos y por su carácter repetido.
Revolut, que opera con licencia del Banco Central Europeo, aseguró que colaborará plenamente con las autoridades italianas. La compañía precisó que no está bajo investigación penal por blanqueo de capitales y calificó la administración judicial como una medida administrativa preventiva, y no como una sanción. Según la empresa, los administradores supervisarán únicamente las áreas de control en las que se hallaron fallos, de modo que el resto de la actividad no se verá afectada.
Para los clientes, la empresa asegura que las operaciones bancarias continúan sin interrupción. La medida se centra en los sistemas de control internos y no en el acceso ordinario a las cuentas, un matiz que la compañía subraya para tranquilizar a sus usuarios en Italia.
La entidad entró en Italia en 2018 y lanzó su propio IBAN italiano en noviembre de 2024, un paso que amplió su presencia en el mercado bancario del país. El grupo tiene, según los datos citados, unos 80 millones de clientes y una valoración de 115.000 millones de dólares. El caso se suma a anteriores inquietudes sobre sus controles antifraude en el Reino Unido y Estados Unidos, donde también se han planteado dudas sobre la eficacia de sus sistemas de prevención.