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El Tribunal de Cuentas investigará los salarios de David Sánchez en la Diputación de Badajoz

El Tribunal de Cuentas ha abierto una investigación para determinar si hubo irregularidades contables en los salarios que David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, percibió con cargo a fondos públicos en la Diputación de Badajoz.

Este artículo se ha producido con ayuda de IA bajo la responsabilidad editorial de Haydamax OÜ.

El Tribunal de Cuentas ha acordado abrir una investigación para averiguar si existen irregularidades contables en los salarios que David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, percibió con cargo a fondos públicos por el puesto que ocupó en la Diputación de Badajoz. La decisión no supone todavía un pronunciamiento sobre si hay o no responsabilidad contable, sino el paso previo para aclararlo.

La medida se enmarca en un procedimiento que tiene su origen en una condena penal. La Audiencia de Badajoz condenó a David Sánchez a nueve años de inhabilitación para empleo público por un delito de prevaricación administrativa relacionado con el cambio de nomenclatura de su puesto de trabajo en la Diputación pacense. Esa sentencia todavía es recurrible y el procedimiento penal se encuentra en vía de recursos.

Al margen de la causa penal, las acusaciones populares que ejercieron Iustitia Europa y Vox abrieron la vía de una eventual responsabilidad contable, para que el Tribunal de Cuentas determine y, en su caso, ordene devolver las cantidades abonadas a David Sánchez y a su amigo Luis María Carrero, también condenado y que trabajó en la Diputación. La consejera del Tribunal de Cuentas Elena Hernáez, en un auto, considera que las denuncias se refieren a «presuntos pagos carentes de justificación» cuya sola posibilidad hace necesaria la apertura de una investigación. Por ello, eleva las actuaciones a la sección de enjuiciamiento para que nombre un instructor que investigue los hechos.

La defensa de David Sánchez ha reaccionado en varios frentes. Su abogado ha recurrido la condena y denuncia lo que describe como una «investigación prospectiva» contra su cliente, sin indicios concretos, y reclama la absolución ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Además, ha pedido a la Audiencia de Badajoz suprimir de la resolución pasajes que, según afirma, vulneran su derecho de defensa y se basan en hechos prescritos, entre ellos la referencia a cómo se creó su plaza en la Diputación.

La Diputación de Badajoz había solicitado el archivo de las actuaciones, al considerar que no se aprecia un menoscabo efectivo e individualizado en los fondos públicos provinciales, porque las retribuciones se recibieron por servicios efectivamente prestados y funciones desarrolladas por ambos, y porque la sentencia de la Audiencia Provincial no es firme. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas no ha considerado que concurran las condiciones para archivar el caso en esta fase inicial. La Fiscalía, por su parte, sí abogó por nombrar un instructor que investigue los hechos.

Las cifras que se piden investigar varían según el escrito. Vox habla de 280.845 euros percibidos por Sánchez entre 2017 y 2024. El Partido Popular, a través de su portavoz en la Diputación, Juan Antonio Barrios, hace una estimación «provisional, orientativa y no vinculante» de 416.798 euros. La organización Hazte Oír, así como Iustitia Europa y la Fundación Abogados Cristianos, las cifran en 340.572 euros entre 2017 y 2025, basándose en la sentencia de la Audiencia Provincial. Las denuncias de Barrios y de Hazte Oír también pidieron incoar actuaciones previas.

Los dos puestos de trabajo señalados en las denuncias son, en el caso de David Sánchez, el de coordinador de actividades de los conservatorios de música, posteriormente modificado a «jefe de la oficina de artes escénicas», y, en el caso de Luis María Carrero, el de jefe de sección de coordinación de centros y actividades transfronterizas. La Diputación de Badajoz, según la información disponible, no pedirá el reintegro de los 427.000 euros cobrados por ambos.

La investigación llega en un momento en que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido preguntado por las causas judiciales que afectan a su entorno. En una entrevista en Espejo Público de Antena 3, Sánchez defendió la legalidad de la financiación del PSOE, reconoció la existencia de casos de corrupción y aseguró tener «absoluta tranquilidad» ante las investigaciones que afectan a su entorno político y familiar, incluido su hermano.