El Tribunal Supremo ha ordenado a la Junta Electoral Central (JEC) y a la Oficina del Censo Electoral (OCE) que ninguna de las 163.355 personas afectadas por la suspensión cautelar del voto de los nacionalizados por la ley de nietos figure como elector, ni en el censo de residentes en el extranjero ni en el de residentes en España. La medida impide que estas personas puedan votar en las elecciones del 29 de noviembre, conocidas como 29N.
La resolución, dictada este viernes mediante dos providencias, tiene una excepción. Sí podrán votar las 901 personas que presentaron certificación consular sobre su condición de exiliados del franquismo, siempre que aporten ese documento antes del día de los comicios. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha precisado que la exclusión rige tanto para quienes viven fuera de España como para quienes residen en territorio nacional.
Para tomar la decisión, los magistrados examinaron un informe del Instituto Nacional de Estadística (INE). Con ese documento, exigieron a la JEC y a la OCE que cumplan «en sus propios términos» sus autos del 10 de septiembre y del 12 y 23 de octubre. En la práctica, eso supone garantizar que ninguna de esas personas aparezca en el censo electoral, viva en España o resida en el extranjero.
El tribunal describió los informes sobre el cumplimiento de sus autos en relación con el voto de los nacionalizados como «de difícil comprensión». La Fiscalía había considerado que los afectados quedaban fuera de las listas de electores que votan en los consulados y que tampoco podrían ejercer su voto presencial en urna ni ser objeto de escrutinio. Según el Ministerio Público, la situación era «acorde y respetuosa» con lo acordado por la Sala, aunque con reservas.
Las partes en el procedimiento defendían posiciones diversas. Vox pidió que la suspensión alcanzara a todos los nacionalizados por esta vía que no tuvieran certificación consular de exilio, con independencia del censo electoral en que figuraran inscritos, y reclamó medidas inmediatas para los inscritos en el censo de residentes en España. Por su parte, un grupo de 42 afectados rechazó que el informe de la Oficina del Censo acreditara por sí mismo la irregularidad de los 113.326 electores afectados y pidió levantar la medida. La asociación Extranjeristas en Red solicitó un informe complementario del INE.
El Supremo inadmitió el resto de peticiones por resultar improcedentes, por dos motivos. Algunas se referían a recursos contra autos anteriores, que el tribunal ya había resuelto el 18 de noviembre. Otras eran peticiones de información o de medidas que corresponden a la JEC, a la que, según el tribunal, deben dirigirse.
La segunda providencia se refiere a las medidas cautelares solicitadas por Iustitia Europa contra el acuerdo de la JEC sobre la identificación de votantes con la aplicación MiDNI. La Sala ha dado a las partes hasta el lunes, a las 15.00 horas, para alegar si son suficientes unos certificados aportados por la directora general de Política Interior que acreditan la seguridad del sistema. Para este trámite, el tribunal ha habilitado el sábado y el domingo. Además, pidió a las partes que guarden «la necesaria reserva» sobre esos certificados, porque algunos recogen datos sensibles sobre controles de seguridad y sistemas de verificación de los dispositivos, que solo podrán utilizarse para defender derechos dentro del procedimiento.
En la misma resolución, el Supremo responde al PP, que había comunicado su deseo de sumarse al procedimiento como interesado tras ser emplazado por la JEC. Los magistrados le piden que aclare en qué condición quiere intervenir, ya que la ley solo le permite actuar como codemandado.