El ministro de Transportes, Óscar Puente, afronta este martes su comparecencia más complicada en la Diputación Permanente del Congreso. Lo hace con las Cortes disueltas y a menos de un mes de las elecciones generales, y con todos los partidos de la Cámara, salvo el PSOE, pidiendo ya su dimisión por la concatenación de accidentes ferroviarios.
La comparecencia, solicitada por el propio ministro, llega menos de una semana después del grave accidente de tren de Urda (Toledo), en el que han muerto 69 personas. El siniestro se suma al de Adamuz, ocurrido hace menos de un año, en el que fallecieron 46 ciudadanos. Son, en menos de nueve meses, dos tragedias ferroviarias que el Congreso utilizará para exigir responsabilidades políticas.
Puente deberá aclarar si la responsabilidad del siniestro puede reducirse a los fallos del centro de control de Adif de Atocha o si existen otras cuestiones técnicas, de mantenimiento o de inversiones que pudieran haber causado el accidente. Son precisamente esas incógnitas las que mantienen abierto el debate sobre su continuidad al frente del departamento.
Las peticiones de dimisión no se limitan a la oposición. Socios habituales del Gobierno, como el Frente Amplio, proyecto surgido de Sumar, que gobierna en coalición con el PSOE, se han sumado a ellas. También lo han hecho sindicatos como CCOO y el Sindicato de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), el principal del sector. Según fuentes de su entorno, el ministro, afectado anímicamente por la tragedia, llegó a poner su cargo a disposición de Pedro Sánchez en las primeras horas posteriores al accidente, pero el presidente del Gobierno le pidió personalmente que no dimitiera.
En la rueda de prensa del viernes, de casi dos horas y sin límite de preguntas, Puente defendió su permanencia en el cargo: «Si yo creyera que mi continuidad perjudica al proyecto en el que creo, no tenga ninguna duda de que habría dado un paso a un lado». Añadió que conocía el «calvario» al que iba a ser sometido, en plena campaña electoral, y los insultos y prejuicios de culpabilidad que le atribuirían. «Lo fácil para mí es salir, pero ni es eso lo que va con mi carácter ni tampoco es lo que el presidente del Gobierno me ha pedido».
Esa será también la línea argumental que lleve al Congreso. En la Moncloa consideran que los detalles de la investigación conocidos hasta ahora permiten sostener a Puente porque, según su lectura, las causas del accidente no tienen relación con su gestión. Temen, además, que una dimisión a un mes de las elecciones alimente la tesis de que los 116 muertos registrados en la alta velocidad española en los últimos diez meses son responsabilidad directa del Gobierno, algo que rechazan de manera rotunda.
Dentro del PSOE se considera que todo dependerá de la evolución de una investigación que ya apunta a una orden errónea y contraria al protocolo del centro de control de Atocha. Según esas mismas fuentes, resulta inexplicable que durante 17 minutos nadie fuera capaz de alertar de que un AVE que circulaba a 200 kilómetros por hora se dirigía hacia un Iryo completamente parado en la misma vía. Otro factor será la capacidad del ministro para revertir, con sus explicaciones, el sentir mayoritario de la opinión pública y de los partidos, a izquierda y derecha, de que su situación es insostenible.
La comparecencia se producirá apenas unas horas después de que el Gobierno apruebe un paquete de medidas para las víctimas. Sánchez anunció este lunes que incluirá duplicar las ayudas previstas en el seguro obligatorio, un mecanismo para anticipar las indemnizaciones, un procedimiento de incapacidad temporal para los accidentados y el despliegue de oficinas de apoyo integral en sus provincias de residencia. No se descarta que Puente aproveche la cita para anunciar nuevas medidas de carácter técnico sobre la red ferroviaria.
El PP, principal fuerza de la oposición, ha advertido de que cualquier explicación del ministro será insuficiente y que las dimisiones deben ir más allá de la de Puente. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, afirmó este lunes: «No creo en la política que pone el poder por delante de todo o a una persona por delante del pueblo. Y no creo que un presidente merezca tantos escudos». Y añadió: «Si de mí dependiese, os garantizo que el que daría la cara en la Diputación Permanente no sería el ministro, sería el presidente del Gobierno».
También el PNV, uno de los socios más fieles del Gobierno en las dos últimas legislaturas, insistió en las dimisiones. Su líder, Aitor Esteban, reclamó un examen técnico exhaustivo, pero subrayó que el caso no puede pasar sin responsabilidades políticas. «La sociedad necesita tener la sensación de que hay otro nuevo equipo que va a hacer las cosas de una manera diferente», señaló. Según su argumento, el ministro o el secretario de Estado pueden no tener responsabilidad directa como personas, pero sí responsabilidad política.