La ultraderecha ha recuperado la idea de que el franquismo construyó alrededor de cuatro millones de viviendas, una cifra que se presenta como prueba de la generosidad del régimen con los ciudadanos. Sin embargo, ese número suma vivienda libre y protegida y no distingue la vivienda social, por lo que no permite conocer cuántas familias de rentas bajas accedieron realmente a un hogar.
Los datos oficiales dibujan un panorama muy distinto. Según el análisis de Fernández Carvajal, el sector público llegó a levantar 369.000 viviendas de las 838.000 previstas, lo que equivale a alrededor del 44% del objetivo. El resto del esfuerzo recayó en el sector privado, que recibió incentivos fiscales y subvenciones incondicionadas, sin que el Estado exigiera a cambio un compromiso firme con el precio final ni con la calidad de lo edificado.
Durante la etapa autárquica, entre 1939 y los años cincuenta, la producción de viviendas fue muy escasa. El régimen no creó un departamento específico hasta 1957, cuando se constituyó el Ministerio de la Vivienda bajo la dirección de José Luis Arrese. Para entonces, el país arrastraba años de carencias y la respuesta llegó tarde y de forma limitada.
Muchas de las viviendas que sí se levantaron presentaban defectos estructurales y una calidad deficiente. Numerosos polígonos carecían de centros de salud, escuelas, transporte público o saneamiento adecuado, lo que convertía los nuevos barrios en espacios aislados y con servicios básicos insuficientes.
Las condiciones materiales de los hogares tampoco mejoraron de forma notable. En 1964, solo el 44,7% de las viviendas de nueva construcción contaba con cuarto de baño y apenas el 8,3% disponía de calefacción central. Ese mismo periodo muestra la escasa prioridad presupuestaria: el gasto estatal en vivienda y servicios comunitarios bajó del 12,9% en 1960 a menos del 4% en 1975.
Los historiadores subrayan que el régimen apostó por fomentar la propiedad frente al alquiler, con un objetivo que iba más allá de la política social y que buscaba también el control de la población. La propaganda presentaba la vivienda como un gesto de bondad del Estado y no como un derecho de los ciudadanos, un enfoque que desplazaba la responsabilidad pública hacia la gratitud personal.
Sí hubo beneficiarios reales de aquellas promociones, y para muchos de ellos el agradecimiento hacia el régimen fue genuino. Lo que no está claro es cuántas familias se beneficiaron frente a cuántos grupos de menor renta quedaron excluidos del acceso, un dato clave para valorar el alcance real de la política de vivienda franquista.