La candidata Miriam González, que concurre a las elecciones del 29-N, afirma que no se considera equidistante entre el PP y el PSOE, sino distante de ambos, y sostiene que los gobiernos de los dos partidos han sido desastrosos. En una entrevista con Evolut, la aspirante a entrar en el Congreso de los Diputados plantea que España necesita limpieza y transparencia, con la incorporación del mérito y la capacidad y procedimientos abiertos en toda la Administración como punto central de su propuesta.
González considera que el país sufre los excesos de los partidos políticos y que esa situación se traslada a la vida diaria de los ciudadanos, en ámbitos como la vivienda, la productividad o la educación. Según el análisis que cita en la entrevista, Democracia 21 cifra el coste de la corrupción en el 4,5 % del PIB, unos 60.000 millones de euros al año, una cantidad equivalente a todo lo que se destina a educación. Con esa referencia, la candidata justifica su decisión de dar el paso a la política para contribuir a regenerar España.
Preguntada por si el país tiene arreglo, responde que las medidas necesarias son básicas y que deberían haberse adoptado hace décadas. Pone como ejemplo a países muy similares al nuestro, vecinos como Italia y Portugal o naciones de América Latina, que ya las tienen incorporadas desde hace mucho tiempo. Sobre el modelo a seguir, defiende que hay que adaptarse a las particularidades del sistema español, aunque considera que existen numerosas prácticas que copiar y que no siempre hace falta mirar al extranjero para saber qué hacer.
Entre sus propuestas figura que diputados y senadores estén obligados a volver a sus circunscripciones y abrir una oficina cada dos semanas para escuchar a la gente. González recuerda que Miquel Roca le explicó que este tipo de encuentros se practicaban al inicio de la Transición y que se conocían como las pastorales. A su juicio, los representantes políticos dejaron de hacer lo bueno de aquella etapa y empezaron a hacer lo malo.
Al valorar el proceso de la Transición, que dio origen al sistema actual, la candidata lo considera positivo, aunque sostiene que se concentró mucho poder en los partidos políticos y en pocas manos para evitar que el proceso descarrilara. Según su planteamiento, cinco o seis años después habría sido el momento de que los partidos diesen marcha atrás, pero han hecho lo contrario y, con cada Gobierno, se han introducido cada vez más en las instituciones y acumulado más poder. Describe esa dinámica como una tela de araña en la que cada Gobierno construye sobre la del anterior en lugar de desmantelarla.
González también critica los aforamientos, que considera uno de los grandes problemas que dejó la Constitución. Afirma que los padres de la Constitución se concedieron a sí mismos, siendo diputados, un privilegio tan enorme como ese, y lamenta que no se hubiera recusado esa decisión. Sobre si el político que denuncia los abusos del que gobierna acaba aprovechándolos en lugar de corregirlos, responde que es algo que se ve de forma constante, y cita casos de corrupción ligados a familiares durante el Gobierno de Felipe González, las leyes ad personam y las liberalizaciones de la etapa de Aznar, además de los escándalos de las épocas de Zapatero y Rajoy.
Por último, la candidata extiende sus críticas a las comunidades autónomas. Recuerda que Vox defendió la limpieza, el recorte de asesores y la retirada de la influencia política en las televisiones públicas, pero que, tras entrar en gobiernos autonómicos junto al PP, estaría repitiendo las mismas prácticas, como colocar a personas afines en los entes que controlan las televisiones públicas. Para González, se trata de una traición constante al ciudadano, y considera que el país no puede avanzar mientras esas redes clientelares sigan condicionando la vida política.