Más de un millar de migrantes han regresado a Marruecos por su propio pie después de que la Policía Nacional desalojara el asentamiento irregular de la playa del Trampolín, en Ceuta. El operativo, que se puso en marcha en la mañana del sábado, supone uno de los desalojos más numerosos registrados en la ciudad autónoma en los últimos años y ha dejado imágenes de decenas de personas cruzando la frontera del Tarajal en dirección al país vecino.
Según han confirmado fuentes policiales, la intervención se desarrolló sin incidentes graves y permitió desmantelar un campamento que se había consolidado en los últimos meses junto al litoral ceutí. La mayoría de los residentes del asentamiento, muchos de ellos de origen magrebí y subsahariano, optaron por abandonar el lugar antes de que se completara el desalojo. Las autoridades locales han calificado la salida como «voluntaria», aunque organizaciones sociales han matizado que se produjo en un contexto de presión policial y falta de alternativas habitacionales.
El asentamiento de El Trampolín se encontraba en una zona de difícil acceso y había sido objeto de críticas recurrentes por parte de vecinos y asociaciones locales, que denunciaban problemas de salubridad y seguridad. En las semanas previas al desalojo, el Ayuntamiento de Ceuta había intensificado los avisos sobre la necesidad de intervenir en la zona, mientras que la Delegación del Gobierno preparaba un dispositivo conjunto con la Policía Nacional y la Guardia Civil.
La cifra de retornos a Marruecos supera el millar de personas, según los datos difundidos por los medios presentes en el operativo. Este movimiento migratorio inverso, poco habitual en la ruta del Estrecho, ha sorprendido a los observadores, que atribuyen la decisión a la combinación de la presión policial, la falta de perspectivas de regularización y la cercanía de la frontera. Muchos de los que han cruzado el Tarajal lo han hecho con sus pertenencias a cuestas y sin haber formalizado ningún tipo de solicitud de asilo en España.
El desalojo ha reabierto el debate sobre el modelo de acogida en Ceuta, una ciudad que en los últimos años ha visto cómo se multiplicaban los campamentos improvisados en sus playas y espacios públicos. Las organizaciones humanitarias han insistido en que la respuesta policial, por sí sola, no resuelve el problema de fondo y han reclamado políticas de integración y vías legales de acceso. Por su parte, el Gobierno de la ciudad ha defendido la actuación como una medida necesaria para recuperar el espacio público y garantizar la convivencia.
La operación se produce en un momento de especial sensibilidad política en torno a la inmigración en España y en el conjunto de la Unión Europea. Ceuta, junto con Melilla, constituye la única frontera terrestre de la UE con África, lo que la convierte en un punto estratégico para las rutas migratorias y en un escenario recurrente de tensiones diplomáticas con Marruecos. En los últimos meses, el flujo de llegadas había disminuido, pero los asentamientos informales seguían siendo una realidad persistente en la ciudad.
Las autoridades no han precisado cuántas personas permanecen en situación irregular en Ceuta tras el desalojo ni si se han iniciado expedientes de expulsión contra algunas de ellas. Tampoco se ha informado de si el campamento será definitivamente clausurado o si podría volver a ocuparse en las próximas semanas. Lo que sí han confirmado los responsables policiales es que el dispositivo continuará activo para evitar nuevas instalaciones en la zona.
El regreso de más de mil personas a Marruecos plantea interrogantes sobre las condiciones en las que se produce esta salida y sobre el papel de las autoridades marroquíes en la acogida de los retornados. Algunas fuentes apuntan a que muchos de ellos podrían intentar cruzar de nuevo la frontera en los próximos días, lo que convertiría el desalojo de El Trampolín en un episodio más de un ciclo migratorio que no parece tener una solución inmediata.