El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad, así como su nuevo modelo de financiación, en una votación que contó con 179 votos a favor, 137 abstenciones del Partido Popular y 33 votos en contra de Vox. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, calificó la medida como «la mayor reforma social en nuestro país en lo que va de siglo», comparable a la creación del sistema público de sanidad, educación o pensiones en el siglo XX.
La reforma contempla una inyección adicional de 6.200 millones de euros entre este año y el próximo, con el objetivo de alcanzar una inversión récord de 7.239 millones de euros en 2027. Este aumento permitirá que la Administración General del Estado asuma el 50% de la financiación del sistema de dependencia, un porcentaje que hasta ahora era del 27%, según denunciaron varios grupos parlamentarios. Las comunidades autónomas deberán complementar el resto.
Bustinduy defendió que el cambio supone un giro radical respecto al modelo asistencialista vigente, basado en macroresidencias alejadas de los núcleos urbanos, hacia un sistema que prioriza la autonomía de las personas con discapacidad o en situación de dependencia en su propio hogar. «Hay millones de familias cuyas vidas van a mejorar de forma inmediata. La mirada asistencialista o paternalista sobre personas con discapacidad o dependencia ya no nos sirve. El modelo de macroresidencias alejadas de los centros urbanos ya no nos sirve. Condenar a miles de compatriotas a vivir de forma no elegida ya no nos sirve», enfatizó el ministro durante su intervención en el hemiciclo.
La reforma amplía y flexibiliza las ayudas económicas, que aumentarán entre un 18,4% y un 120% según el grado de dependencia reconocido. Además, se garantiza que las prestaciones sean compatibles entre sí, lo que permitirá a los beneficiarios combinar servicios como la ayuda a domicilio, la teleasistencia o las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar. El Gobierno transferirá a las comunidades autónomas 5.513 millones de euros este año y 7.239,4 millones el próximo, el primer ejercicio en el que se aplicará la nueva financiación de manera íntegra.
El debate parlamentario evidenció las diferencias entre los grupos. La mayoría de los partidos, incluidos Compromís, CC, BNG, Podemos, Junts, ERC y Sumar, respaldaron la reforma, aunque varios recordaron al Gobierno que las comunidades autónomas llevan años reclamando un aumento de la financiación estatal. ERC advirtió que el Ejecutivo central solo cubría hasta ahora el 27% del coste de la dependencia, dejando el grueso a los gobiernos regionales. También surgieron dudas sobre la sostenibilidad del sistema a partir de 2028, una vez agotados los fondos extraordinarios previstos.
El Partido Popular, tras mantener la incógnita durante toda la tarde, optó por la abstención en la votación de la reforma de la ley, aunque apoyó el aumento de la partida económica. La portavoz popular reprochó al Gobierno que solo «busca votos» con esta medida y que carece de presupuestos para ejecutarla, pese a que los 6.200 millones extras están recogidos en la ley. «Los 6.200 millones extras anunciados son solo un titular político», afirmó, recogiendo una expresión de la diputada de Junts Pilar Calvo, quien acusó al Ejecutivo de practicar el «yo invito, tú pagas».
Vox justificó su rechazo alegando que el Gobierno no está en condiciones de implementar lo que establece la ley. La diputada María de la Cabeza Ruiz sostuvo que «de nada sirve aprobar ayudas si no están en disposición de asegurar que vayan a llegar». La formación de extrema derecha fue la única que votó en contra tanto de la reforma como de la financiación.
Bustinduy concluyó su intervención subrayando que el 90% de la población española desearía envejecer en su propio hogar, y que la reforma responde a esa demanda social. «Es un día que va a marcar un antes y un después en la historia de nuestra política social. El 14 de julio se recordará durante décadas como el día que se refundó el sistema de cuidados», afirmó. Con esta aprobación, el Gobierno da un paso significativo hacia un modelo de cuidados basado en derechos y autonomía personal, aunque el PP y Vox han puesto en duda su viabilidad financiera a largo plazo.