El Consejo de Ministros ha declarado este martes 211 zonas como gravemente afectadas por emergencias de protección civil, de las cuales 187 son incendios forestales que han asolado numerosas provincias españolas desde el pasado 31 de marzo. La decisión, anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gabinete, permite activar un conjunto de ayudas para paliar los daños sufridos por particulares, empresas y administraciones locales.
Las zonas declaradas abarcan 14 comunidades autónomas y afectan a 34 provincias, entre las que figuran Madrid, Ávila, Castellón, Guadalajara, Almería, Jaén, Huesca, Toledo, Girona, Barcelona, La Rioja, Ciudad Real, Cádiz, Lleida, Tarragona, Málaga, Murcia, Lugo, Ibiza, Zaragoza, Navarra, Mallorca, Soria, Segovia, Valladolid, Palencia, Salamanca, León, Zamora, Burgos, Córdoba y Granada. Solo en julio se han registrado 99 incendios forestales en una treintena de provincias.
Además de los fuegos, la declaración incluye episodios de tormentas y lluvias intensas, así como accidentes con mercancías peligrosas y un evento anterior a marzo: los fuertes vientos provocados por la borrasca Marta en Cataluña, notificado al Centro Nacional de Emergencias el pasado 9 de febrero. Sánchez afirmó que «ya se ve la luz al final del túnel» de los graves incendios que estos días afectan a Madrid, Ávila y Castellón, y subrayó que las ayudas se irán desplegando «conforme vayamos haciendo una valoración más certera de la magnitud de la catástrofe».
Las personas y entidades afectadas pueden solicitar las ayudas desde el momento en que se produjo la emergencia. El Ministerio del Interior, como responsable último del Sistema de Protección Civil, se encarga de declarar las zonas y de gestionar las compensaciones por daños personales, materiales en viviendas y enseres, así como los gastos generados por ayuntamientos, establecimientos industriales, mercantiles y de servicios. También se subvencionan las prestaciones personales y de bienes realizadas por particulares y empresas para responder a la emergencia.
Entre las ayudas directas figuran la exención de tasas de Tráfico por la duplicación de permisos de circulación o conducción perdidos durante la catástrofe, la baja de vehículos siniestrados y la expedición gratuita del nuevo DNI. Además, residir o tener un negocio en una zona declarada catastrófica da derecho a beneficios fiscales otorgados por el Ministerio de Hacienda, como la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y la reducción en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas. Las indemnizaciones por daños personales están exentas del IRPF.
En el ámbito laboral y de la Seguridad Social, los ministerios de Trabajo y Seguridad Social podrán aplicar medidas como exenciones y bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social para las empresas y trabajadores afectados. Por su parte, el Ministerio de Política Territorial prevé ayudas para financiar hasta el 50% de los proyectos que los ayuntamientos necesiten para reparar infraestructuras y equipamientos dañados.
La declaración de zona catastrófica también permite a todos los ministerios declarar zonas de especial actuación para reparar infraestructuras públicas y obras en el dominio público. Todas las actuaciones destinadas a reponer bienes perjudicados y a realizar la valoración de daños serán consideradas obras, servicios y suministros de emergencia. Asimismo, se podrá declarar urgente la ocupación de bienes afectados por expropiaciones que deriven de la ejecución de estas obras.
El Gobierno ha destacado que esta medida constituye el primer paso para canalizar «todas las ayudas para paliar daños personales y materiales», además de beneficios fiscales, exenciones de cuotas de la Seguridad Social y apoyos para la reparación de infraestructuras. Con los incendios aún activos en varias provincias, el Ejecutivo ha insistido en que continuará evaluando la evolución de las emergencias para ampliar las ayudas si fuera necesario.