La Unión Europea ha dado un paso decisivo para estrechar su relación con Canadá. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ofreció este miércoles a Ottawa convertirse en «miembro asociado» del bloque, un estatus que no existe en la actualidad y que requeriría un diseño completamente nuevo. La propuesta se enmarca en el discurso sobre el Estado de la Unión ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo, con el primer ministro canadiense, Mark Carney, presente en el hemiciclo.
El objetivo es claro: profundizar una alianza comercial que ya mueve más de 130.000 millones de euros anuales en bienes y servicios y que se ha convertido en un pilar estratégico para ambas partes. Según los datos manejados por Bruselas, el comercio bilateral alcanzó esa cifra el año pasado, lo que convierte a la UE en el segundo socio comercial de Canadá, por detrás de Estados Unidos, y representa el 8,7% de su comercio total. Para el bloque comunitario, Canadá es el duodécimo socio.
El nuevo estatus, según las fuentes consultadas, podría tomar como modelo algunos elementos del Espacio Económico Europeo (EEE), que la UE comparte con Islandia, Liechtenstein y Noruega. Sin embargo, el alcance sería menor. El EEE garantiza la libre circulación de mercancías, servicios, personas y capitales, y contempla políticas unificadas en competencia, transporte, energía y cooperación económica y monetaria. Quedan fuera la política agrícola y pesquera común, la unión aduanera, la política comercial común y la Unión Económica y Monetaria. En el plano político, los países del EEE tampoco acceden formalmente al proceso de toma de decisiones de la UE.
La propuesta llega en un contexto de creciente tensión geopolítica. La pugna entre Estados Unidos y China amenaza con arrastrar a cualquier economía intermedia, y la UE busca reducir su dependencia de las tierras raras y otros materiales estratégicos chinos, que en algunos casos alcanza el 90%, según advirtió Von der Leyen en su discurso. Canadá es un proveedor clave de minerales críticos como el níquel, el cobalto, el litio, el uranio y la potasa, esenciales para la fabricación de baterías, la energía nuclear y los fertilizantes.
Para Ottawa, la alianza también responde a una necesidad inmediata. En plena escalada de la guerra comercial con Washington, tras la imposición de aranceles del 50% a 20.000 millones de dólares en productos canadienses por parte de la administración de Donald Trump, la diversificación de mercados se ha vuelto prioritaria. «El principal riesgo para Canadá es la incertidumbre, más que el impacto directo de los aranceles», sostienen desde Pimco, la mayor gestora de renta fija del mundo.
El acuerdo vigente, el CETA, se aplica de forma provisional desde septiembre de 2017 y ha permitido eliminar el 98% de los aranceles entre ambas partes. Bruselas calcula que ha engordado el PIB europeo en 3.200 millones de euros anuales. Además, ha facilitado el acceso de las empresas europeas al mercado canadiense de servicios y ha creado condiciones más predecibles para los inversores. En 2024, la inversión extranjera directa de la UE en Canadá alcanzó los 244.700 millones de euros, mientras que la canadiense en suelo comunitario fue de 230.000 millones.
La propuesta de un estatus de «miembro asociado» supone un salto cualitativo respecto al CETA, que ya ha elevado los intercambios un 75% en menos de una década. Aunque el diseño final está por definir, la intención de Bruselas es clara: convertir a Canadá en un socio preferente para rearmar la economía europea frente a las potencias rivales y garantizar el suministro de recursos estratégicos. El camino, sin embargo, no será sencillo, ya que requerirá consenso entre los Veintisiete y una arquitectura jurídica completamente nueva.