El Partido Popular ha presentado un escrito ante el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, en el que solicita que se cite como investigados a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González; al director adjunto operativo (DAO) del instituto armado, Manuel Llamas; y al antecesor de González en el cargo, Leonardo Marcos. La petición se enmarca en el caso Leire Díez, en el que se investiga una presunta trama destinada a desestabilizar, desacreditar y obstaculizar investigaciones judiciales y policiales en curso que afectaban al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y a miembros del Gobierno.
Según el escrito, al que ha tenido acceso, la trama habría estado supervisada por el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y coordinada por la exmilitante socialista Leire Díez. El objetivo principal, según los populares, era «neutralizar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil», con especial atención en la figura del teniente coronel Antonio Balas. El PP sostiene, apoyándose en informes de la UCO, que entre Mercedes González y Leire Díez existió una relación personal y reiterada que continuó después de que González asumiera el cargo de directora general el 17 de septiembre de 2024.
Los populares detallan que se produjeron al menos tres reuniones presenciales y múltiples contactos a través de mensajería instantánea. Además, apuntan que Díez utilizaba conscientemente su relación con González «para impulsar actuaciones administrativas internas en el seno de la Guardia Civil dirigidas contra la propia UCO». Para el PP, resulta especialmente relevante la secuencia cronológica que evidencia una correlación material entre los contactos de González con la trama y la adopción, por parte de la cúpula de la Guardia Civil, de medidas administrativas dirigidas precisamente contra los mandos y agentes de la UCO que investigaban al entorno del Gobierno y del PSOE.
El escrito del PP señala cuatro hitos concretos. El primero ocurrió el 9 de mayo de 2025, cuando la abogada de Koldo García —asesor del exministro José Luis Ábalos— remitió a Leire Díez una noticia sobre las diligencias abiertas a su cliente, indicándole que se la hiciese llegar a Mercedes González «a ver qué opina». Díez respondió: «Acabo de jugarme una comida con Mercedes a que las filtraciones vienen de la UCO». El segundo hito es del 10 de mayo de 2025, cuando el diario El Mundo publicó unos mensajes de WhatsApp entre Ábalos y el presidente del Gobierno. El tercero, del 11 de mayo de 2025, documenta dos interacciones de WhatsApp entre González y Díez «compatibles con la eliminación de la conversación previa y la activación del borrado automático de mensajes con cadencia de 24 horas». El cuarto episodio, también del 11 de mayo de 2025, señala que el DAO se reunió con el jefe de la Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad (JAES), general Cortés, para encomendarle una información reservada destinada a investigar el origen de la supuesta filtración.
El PP añade que, según las declaraciones de varios mandos de la Guardia Civil en los últimos días, quedaría acreditado que entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025 la cúpula del instituto armado ordenó la apertura de al menos tres informaciones reservadas dirigidas exclusivamente contra el DIECAN de la UCO, todas ellas en coincidencia temporal con avances investigadores en causas que afectaban al entorno del presidente del Gobierno. Los generales Rafael Yuste y Alfonso López Malo habrían declarado ante el juez Pedraz que en ninguna de sus trayectorias profesionales habían conocido la apertura de informaciones reservadas con tal cadencia ni con tal grado de focalización sobre una sola unidad, calificándolas de «excepcionales», «no habituales» y constitutivas de un «intento de intimidación».
Ambos mandos, según la acusación popular, habrían ratificado que el anterior director general Leonardo Marcos y el actual DAO les conminaron a «ponerse de perfil» y a «no ser proactivos» en aquellas causas con «afectación política», en particular en la causa relativa al hermano del presidente del Gobierno. El PP pone el foco también en un «elemento de especial gravedad probatoria»: la existencia de una nota de despacho elaborada por la Jefatura de Información de la Guardia Civil el 29 de abril de 2025 en la que se alertaba detalladamente al DAO de la existencia de una «agresiva campaña de desinformación orquestada por las denominadas cloacas del PSOE para destruir la credibilidad de la UCO». En esa nota se identificaba a Leire Díez como dinamizadora de la operación, se advertía que detrás de esas maniobras podría estar Santos Cerdán, y que tendría conocimiento de esa información la directora general de la Guardia Civil. Para los populares, esto demostraría que el DAO «ocultó deliberadamente dicha nota a la propia UCO durante diez días, hasta que el 8 de mayo de 2025 el general López Malo le presentó una nota de contenido idéntico elaborada por la propia UCO».
Tras esta exposición de hechos, el PP indica que la directora general de la Guardia Civil habría incurrido en «contradicciones» durante sus comparecencias públicas: a través del Ministerio del Interior negó toda reunión con Díez, pero tras el atestado de la UCO reconoció dos reuniones en cafeterías. La acusación popular sostiene que estos elementos refuerzan la necesidad de que el juez Pedraz cite a declarar como investigados a los tres altos cargos para esclarecer su posible implicación en la trama.