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UIF incluye a exfuncionario del INE en lista de personas bloqueadas por contratos

La Unidad de Inteligencia Financiera colocó a Juan Carlos Cuervo Escalona, exdirector de Coordinación y Análisis del INE, en la Lista de Personas Bloqueadas por presuntas operaciones con recursos de origen ilícito vinculadas a contrataciones electorales.

Este artículo se ha producido con ayuda de IA bajo la responsabilidad editorial de Haydamax OÜ.

La Unidad de Inteligencia Financiera incluyó a Juan Carlos Cuervo Escalona, exdirector de Coordinación y Análisis del Instituto Nacional Electoral, en la Lista de Personas Bloqueadas por presuntas operaciones con recursos de origen ilícito vinculadas a contrataciones electorales. La medida fue emitida por la Secretaría de Hacienda y se inscribe en una investigación sobre un esquema de proveedores que operó entre 2016 y 2023, con montos que superan los 2 mil 740 millones de pesos en varios estados del país. La inclusión en esa lista implica una restricción sobre las operaciones financieras de la persona señalada mientras se desarrollan las indagatorias correspondientes.

Legisladores de Morena difundieron el 16 de noviembre un video en el que sostienen que Cuervo Escalona fue nombrado apoderado de Corporativo ZEG el 1 de junio de 2023, cuando todavía se desempeñaba como funcionario del organismo electoral. El material menciona transferencias por 3 millones de pesos realizadas por medio de Secobani, depósitos en efectivo por 1.7 millones de pesos y la compra de un departamento por 1.95 millones de pesos. Estos señalamientos fueron difundidos por legisladores y no constituyen, por sí mismos, una resolución judicial ni una determinación de responsabilidad.

El video también alude a supuestas simulaciones de competencia en licitaciones para la adquisición de urnas y paquetes electorales en 13 entidades federativas, en las que aparecen empresas como Cajas Graf y Litoformas. Según el material difundido, estas contrataciones formarían parte del mismo entramado de proveedores que la UIF revisa. La información disponible no detalla todavía los resultados de las investigaciones sobre cada una de las operaciones mencionadas ni precisa en qué etapa se encuentran.

El caso se concentra en un exservidor público que ingresó al entonces Instituto Federal Electoral a mediados de la década de 2000 y que ascendió durante administraciones previas del organismo. De acuerdo con los datos disponibles, las operaciones cuestionadas se realizaron bajo reglas de contratación que el propio funcionario habría ayudado a estandarizar dentro de la institución. Hasta ahora no se ha demostrado la participación de la actual dirigencia del INE en los hechos señalados, y ninguna de las denuncias públicas la vincula con las decisiones tomadas por el Consejo General en los últimos años.

La controversia se produce en un momento en que el Instituto mantiene en curso la organización de sus procesos electorales, lo que obliga a mantener la atención sobre la transparencia de sus adquisiciones. Las contrataciones de urnas y paquetes electorales son parte central de la logística de cada elección federal, por lo que cualquier cuestionamiento sobre proveedores tiene repercusiones directas en la confianza hacia el organismo. El INE sigue operando con sus controles habituales y no se han reportado interrupciones en sus actividades derivadas de este caso.

Para quienes siguen el asunto, la clave será conocer si las indagatorias de la UIF y de las autoridades competentes confirman o descartan los montos y las transferencias señaladas en el video. Hasta el momento, la UIF ha resuelto la inclusión de la persona en su lista de bloqueo, y las investigaciones sobre el resto de los señalamientos permanecen abiertas, sin conclusiones públicas sobre responsabilidades penales o administrativas.

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