Más de un centenar de personas se concentraron este miércoles por la tarde en el número 18 de la calle Madridejos, en el barrio madrileño de Usera, para respaldar a tres familias de inquilinas que denuncian una fuerte presión para abandonar sus viviendas. La protesta se produjo tras la llegada de un representante de la empresa Brigada Desokupa S.L, contratada, según el relato de los afectados, por el holding propietario de tres de los pisos del bloque desde 2025.
La concentración fue convocada por el Sindicato de Inquilinas, que llamó a sus simpatizantes a acudir al edificio coincidiendo con la fecha límite fijada para que una de las familias se marchara. Entre las consignas coreadas se encontraban «No nos vamos, nos quedamos», «Fuera Desokupa de nuestros barrios» y «No nos mires, únete». Tras la llegada de la Policía Nacional, con una veintena de agentes en cuatro coches patrulla, dos motos y cuatro caballos, los agentes intentaron dispersar a los manifestantes, que finalmente tuvieron que retirarse.
Según la versión del responsable de la empresa de desocupación, que habló con, el contacto con la Policía fue decisión suya al encontrarse con el despliegue de activistas, a los que describió como una «emboscada». Afirmó que había alcanzado un acuerdo para la entrega de llaves y que «nosotros lo hacemos todo de manera pacífica». También aseguró que una de las inquilinas le había pedido 20.000 euros a cambio de abandonar su hogar. Desde el Sindicato de Inquilinas, su portavoz Carmen Durán había advertido de que este tipo de empresas recurren a la intimidación personal y a las grabaciones, y de que en barrios obreros como Carabanchel o Vallecas suelen actuar acompañadas de la Policía Nacional. Uno de los portavoces de la concentración denunció además haber recibido amenazas verbales por parte del representante de la empresa, delante de un responsable del operativo policial, y anunció que las presentaría formalmente en comisaría.
El caso se enmarca en la actividad de Brigada Desokupa, cuya página web anuncia servicios de desocupación de viviendas, entre ellos las llamadas desokupaciones «express» desde 2.500 euros. La empresa afirma en su portal haber desocupado y recuperado más de 1.000 viviendas en tres años, y dice buscar «siempre el consenso» entre propiedad e inquilino, aunque también habla del «objetivo» de «recuperar la propiedad legítima» de cada vivienda.
Las notificaciones para abandonar los pisos se produjeron en fechas distintas. El 14 de octubre, trabajadores de la empresa entregaron a una inquilina un documento que fijaba el 28 de octubre como fecha límite para dejar la casa en la que vive con su hijo de 18 años, que no figura en el contrato y que firmó el acuerdo bajo presión mientras su madre estaba de viaje. Otro de los afectados, con dos hijos a su cargo, explicó que le hicieron firmar un acuerdo para abandonar su casa el 31 de octubre, que no recibió copia del documento y que el proceso fue grabado. La tercera familia, con un hijo menor, recibió el comunicado en la misma fecha.
El inmueble consta de seis viviendas y dos locales comerciales. Las familias se han organizado con el Sindicato de Inquilinas, aunque, según explican desde el colectivo, mantienen cierta cautela en su relación con otros vecinos del edificio.