La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha fijado una subida del 5,3 % del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2027, un porcentaje superior al 4,9 % que había recomendado el comité de expertos, equivalente a la inflación de octubre. La decisión eleva el mínimo mensual a 1.286 euros brutos en 14 pagas, lo que equivale a 1.500 euros en 12 pagas. El SMI actual es de 1.221 euros mensuales.
Con la nueva cifra, el mínimo anual queda en 18.004 euros brutos y el diario se sitúa en 42,87 euros. El borrador del real decreto se ha publicado para consulta pública con plazo hasta el 16 de noviembre. Según los datos recogidos, la subida afecta a los trabajadores con salarios por debajo del umbral anual que establece la norma; quienes superan ese umbral no se ven afectados.
El decreto incluye también cifras específicas para algunas categorías. En los contratos fijos discontinuos de duración igual o inferior a 120 días, el importe asciende a 60,88 euros por jornada legal de trabajo. Para las empleadas del hogar contratadas por horas, la tarifa mínima se fija en 10,06 euros por hora trabajada.
La norma recoge además que las ayudas autonómicas y locales vinculadas al SMI mantengan durante 2027 el valor que tenían en 2026. Lo mismo ocurre con los contratos privados que toman como referencia el salario mínimo, salvo que las partes acuerden otra cosa. El cambio de criterio evita, según la información disponible, que esas prestaciones y contratos se reajusten de forma automática con la nueva cuantía.
La decisión ha generado posturas enfrentadas. Los sindicatos reclamaban una subida del 7 %, unos 100 euros al mes más, mientras que la patronal, a través de la CEOE y Cepyme, no ha respaldado la medida. La organización empresarial la ha calificado de decisión política y no técnica, al apartarse de la propuesta de los expertos.
El calendario político también pesa en la tramitación. El Consejo de Ministros podría aprobar el decreto el 17 de noviembre, antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, y en todo caso después de la huelga general del 11 de noviembre. Según las notas disponibles, un nuevo Gobierno no tomaría posesión antes de enero, lo que situaría la aprobación definitiva en la fase de transición.
Queda además pendiente una cuestión fiscal. La exención de impuestos para el salario mínimo requiere una ley distinta, que aún no está redactada. La aprobación final del decreto dependerá, por tanto, de los resultados de la consulta pública y de la decisión del Consejo de Ministros.