Un exempleado de una empresa proveedora de balasto para Adif ha presentado una denuncia ante la jueza que instruye el accidente ferroviario de Adamuz, en la que asegura que el material empleado en la vía era defectuoso y que incumplía la norma técnica del gestor de infraestructuras. El siniestro, ocurrido el 18 de enero, causó la muerte de 46 personas y dejó más de 120 heridos. La causa del descarrilamiento sigue sin resolverse oficialmente, y los investigadores barajan varias hipótesis distintas.
Según la denuncia, el testigo lleva más de treinta años vinculado al suministro de áridos y al control de calidad del balasto. Describe el material como excesivamente desgastado y con tendencia a fragmentarse, características que, a su juicio, no se ajustan a las especificaciones técnicas de Adif. El denunciante afirma además que fue despedido por negarse a producir balasto que no cumplía esos requisitos. Ese despido se encuentra actualmente recurrido, por lo que la relación laboral y las circunstancias de la salida de la empresa forman parte de un procedimiento distinto del penal.
El exempleado ha pedido al juzgado de Montoro, en Córdoba, que se le reconozca la condición de testigo protegido al amparo de la Ley 2/2023 y de la Ley Orgánica 19/1994. Además, solicita la suspensión temporal del tráfico ferroviario en el tramo afectado mientras se realiza una inspección de la vía. Asegura que puede identificar los puntos kilométricos exactos donde se colocó el balasto cuestionado, aunque solo está dispuesto a revelarlos en persona y con una cadena de custodia que garantice la trazabilidad de la información aportada.
En su escrito, el denunciante sostiene que la mineralogía de la cantera de la que procedía el material permite identificarlo en laboratorio mediante las técnicas de lámina delgada y difracción de rayos X. Extiende además sus sospechas a la misma explotación, a la que atribuye el suministro de áridos para asfalto en incumplimiento de las normas técnicas aplicables. Estas alegaciones no han sido verificadas por el juzgado y no constituyen, por ahora, una conclusión pericial.
La jueza decidirá si admite el testimonio una vez que se conozcan los resultados de los análisis de laboratorio y de los peritos que tiene pendientes. Por el momento, ha ordenado que la identidad del denunciante figure anonimizada en el expediente, una medida que protege al testigo mientras se valora su declaración. Adif no ha respondido públicamente a las acusaciones recogidas en la denuncia, de modo que la versión del gestor ferroviario sobre la calidad del balasto no ha sido hecha pública en este momento.
El accidente de Adamuz se ha convertido así en un caso en el que las pesquisas judiciales avanzan en varias direcciones a la vez, sin que la causa del descarrilamiento esté determinada. La denuncia introduce la hipótesis de un defecto en los materiales de la infraestructura, pero su alcance dependerá de lo que determinen los análisis de laboratorio, las pruebas periciales y la decisión de la magistrada sobre la validez del testimonio.