El Partido Popular ha solicitado formalmente la anulación de la instrucción que ha permitido conceder la nacionalidad española a descendientes de españoles exiliados, una medida conocida como ley de nietos. La eurodiputada y vicesecretaria de Coordinación Social del PP, Alma Ezcurra, ha expresado en rueda de prensa dudas sobre «las garantías del proceso de nacionalidades» y ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que suspenda las inscripciones hasta que se aclaren los criterios homogéneos solicitados.
Ezcurra ha señalado que el PP cuestiona tanto el procedimiento para obtener la nacionalidad como el voto exterior al que asocian esta medida. El partido pretende incluir «mayores garantías» en la tramitación y reclama «la nulidad de oficio de una instrucción que es nula de pleno derecho». Además, exige que el Gobierno haga transparentes todos los datos de las nacionalidades concedidas.
La ley de nietos, incluida en la Ley de Memoria Democrática, lleva en vigor desde octubre de 2022 y fue aprobada en el Congreso y el Senado sin que las distintas direcciones del PP mostraran críticas en ese momento. Sin embargo, ahora Génova 13 busca cercenar el derecho que recoge la ley para otorgar la nacionalidad a los descendientes de los represaliados por el franquismo que se vieron obligados al exilio.
A principios de este mes, el PP comenzó a hablar de un supuesto complot organizado por el Gobierno para amañar las próximas elecciones generales a través de esta ley. El líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, llegó a acusar al Ejecutivo de «fabricar votantes», sin presentar pruebas que respalden dicha acusación.
La disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática estableció que, entre octubre de 2022 y octubre de 2025, podían solicitar la nacionalidad española los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que hubieran sido originariamente españoles y que, como consecuencia del exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado al pasaporte español.
Según una respuesta parlamentaria del Ministerio de la Presidencia y Justicia al PP, a fecha de 30 de abril de 2026 las solicitudes de nacionalización ascendían a 2.622.450, de las cuales 557.709 habían sido aprobadas. Estas cifras reflejan el alcance de una medida que ha beneficiado a miles de descendientes de españoles en el extranjero.
Para desarrollar la disposición adicional octava, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública aprobó una instrucción en octubre de 2022 que detalla la fórmula para que los descendientes de exiliados por el franquismo soliciten la nacionalidad y los criterios para su concesión. El PP ha centrado sus críticas en esta instrucción, argumentando que ha servido para ampliar el derecho a todos los descendientes de españoles, independientemente de si sus antepasados se exiliaron por la represión franquista.
La instrucción criticada realiza una interpretación extensiva de la posibilidad de optar a la nacionalidad española, pero la sustenta con una explicación jurídica, no política. Según el texto, la Ley de Memoria Democrática de 2022 profundiza en el camino abierto por la primera Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007 bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. Aquella norma ya permitía optar a la nacionalidad a las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español, sin mencionar el exilio, y a los nietos de quienes perdieron o renunciaron a la nacionalidad como consecuencia del exilio.
La instrucción considera que, si la ley de 2022 tiene por objeto ampliar los supuestos de opción a la nacionalidad, «parece lógico entender que el legislador no ha querido excluir del ámbito de aplicación de esta ley» a quienes ya se les reconocía ese derecho en 2007. Esto incluye a todos los hijos de padre o madre español, y no solo a aquellos cuyo antepasado se hubiera exiliado. Así, tanto los nacidos fuera de España de padres o abuelos originariamente españoles no exiliados como los nacidos fuera de España de padres o abuelos que por el exilio perdieron la nacionalidad o renunciaron a ella pueden optar a la nacionalidad.
El PP no ha mostrado conciencia de la profundidad de la ley de nietos hasta este mismo 2026, más de tres años después de su aprobación y cuando el plazo para solicitar la nacionalización expiró hace meses. La ultraderechista Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica presentó un recurso contencioso-administrativo contra la instrucción en diciembre de 2022, solicitando su suspensión cautelar, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid denegó la solicitud. Posteriormente, se presentó una querella por prevaricación contra la autora de la instrucción, Sofía Puente, entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que fue archivada.