La vivienda cooperativa en cesión de uso se abre paso en Cataluña como una fórmula que permite habitar pisos de calidad a precios muy inferiores a los del mercado. En La Sala, el primer proyecto de este tipo para jóvenes en el país según la organización Sostre Cívic, los socios pagan entre 280 y 400 euros al mes por cada vivienda, con una aportación inicial que no supera los 5.500 euros. En La Balma, un edificio del barrio barcelonés de Poblenou gestionado por la misma cooperativa, la cuota media ronda los 700 euros por pisos de unos 50 metros cuadrados, cuando el portal Idealista sitúa el alquiler medio de esa zona en 1.300 euros.
El modelo no es un alquiler ni una compra convencional. Los residentes son socios de la cooperativa y pagan una cuota de uso similar a una renta, pero mucho más baja, además de una entrada parcialmente recuperable que contribuye a financiar el proyecto. A cambio, tienen derecho a habitar la vivienda de forma indefinida, hasta que abandonan la cooperativa, pero no pueden venderla, alquilarla ni dejarla en herencia. La propiedad es colectiva y el edificio se mantiene al margen del mercado inmobiliario, lo que lo protege de la especulación y de los fondos de inversión.
Pol Díaz, de 32 años, residente en La Sala, explica que este sistema le ha dado tranquilidad económica. «No es como un alquiler, que cuando se te acaba el contrato no sabes si te lo subirán, si te lo renovarán o si tendrás que marcharte», señala. «Aquí sabes que esto no ocurrirá y que la cuota mensual no aumentará más de lo que sube el coste de la vida». El edificio, situado en el municipio turístico de Calonge i Sant Antoni, en la Costa Brava, incorpora una caldera de biomasa, placas solares fotovoltaicas, un coche eléctrico compartido y espacios comunes que reducen el consumo de recursos.
En La Balma, la convivencia se ha diseñado como parte del proyecto. Las viviendas se comunican a través de pasillos exteriores llenos de plantas y las puertas de cristal transparente permiten a los vecinos dejar las persianas subidas como invitación a un café improvisado o bajarlas si prefieren intimidad. Cada planta cuenta con espacios compartidos: un coworking, una sala de curas con bañera grande, lavandería, habitaciones de invitados y una sala polifuncional conquistada por los niños. En la planta baja hay una gran cocina a disposición de todos los residentes y un taller anexo. «El edificio es nuestra casa», resume Alicia Conejero, residente desde los inicios del proyecto.
La fórmula surge en un contexto de crisis habitacional severa. En la provincia de Barcelona, el coste medio del alquiler residencial se situó en julio de 2025 en 1.155 euros, la cifra más alta del país según el Observatorio del Alquiler, y el valor medio de un piso en la ciudad asciende a 377.000 euros, inasequible para amplias capas de la población. Los jóvenes encuentran especialmente difícil emanciparse bajo este panorama, y la vivienda cooperativa se presenta como una respuesta social y organizativa que ya funciona en proyectos concretos.
Más allá del ahorro económico, los residentes destacan la ayuda continua entre vecinos, difícil de encontrar en el modelo de vivienda convencional. La participación en la organización del edificio, en los cuidados y en la convivencia conjunta forma parte del día a día de los cooperativistas, que acceden a un inmueble digno sin someterse a la inestabilidad y al abuso de poder de la propiedad tradicional.