El Pleno del Ayuntamiento de Carboneras, en Almería, ha aprobado este martes la anulación de la licencia de obras concedida en 2003 para la construcción del hotel de El Algarrobico, un inmueble levantado en primera línea de playa del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y que lleva más de dos décadas envuelto en una controversia judicial y medioambiental. La decisión, adoptada en una sesión plenaria marcada por la tensión política, da cumplimiento al requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que había fijado un plazo improrrogable de 20 días hábiles para que el Consistorio dictara esta resolución definitiva y evitara así la ejecución subsidiaria de la sentencia.
Justo antes de abordar este punto del orden del día, cuatro concejales abandonaron el salón de plenos para no participar en la votación. Se trata de José Luis Amérigo y Francisco Capel, del Grupo Municipal Socialista aunque suspendidos temporalmente de forma cautelar por la Ejecutiva Federal del PSOE debido a su sentido del voto en la sesión del pasado 17 de junio, y los ediles no adscritos Ángeles Carrillo y Felipe Cayuela. A esta marcha se sumó la ausencia desde el inicio de la sesión de la concejala Vanesa Fuentes Lozano. Los miembros del grupo socialista se encuentran suspendidos de forma temporal y cautelar por la Ejecutiva Federal, de forma que técnicamente no forman parte de la organización en la actualidad, aunque su grupo municipal no se ha disuelto aún a la espera de que la medida adquiera firmeza.
En el turno de intervenciones previo a su salida, el portavoz socialista José Luis Amérigo justificó su decisión acusando al alcalde, Salvador Hernández, de Cs, de llevar a pleno una resolución que considera «nula de pleno derecho» al omitir los informes sobre el riesgo patrimonial y urbanístico acordados el 17 de junio. Amérigo tildó las decisiones del regidor de «fraudulentas», señalando que actúa «en su propio beneficio», y anunció que pondrán los hechos en conocimiento del TSJA ante lo que calificó como un «acuerdo ilegal». En la misma línea, el edil no adscrito y exalcalde Felipe Cayuela defendió que «cumplir al Tribunal no exige incumplir al pleno», subrayando que existía margen temporal aproximado hasta el 24 de julio para recabar dichos informes. Por su parte, la concejala no adscrita Ángeles Carrillo fundamentó su negativa a votar por «responsabilidad y coherencia» ante la «enorme preocupación» ciudadana sobre las futuras consecuencias económicas para el municipio.
Pese a los abandonos, la votación prosperó con el respaldo del equipo de gobierno, formado por Cs y PP, y de dos concejalas del Grupo Municipal Socialista, Mariana Esteban e Isabel Hernández Caparrós. Esteban explicó que su voto afirmativo pretende acatar las sentencias y evitar que los representantes municipales sean encausados judicialmente por un «presunto delito de desobediencia y obstrucción», si bien responsabilizó directamente al alcalde de elevar la propuesta sin la información requerida previamente. El regidor de Carboneras cerró el debate afeando la actitud de los concejales que abandonaron el pleno, a quienes reprochó su «falta de respeto» al pueblo, a la corporación y a la Justicia, e insistió en que el mandato judicial del TSJA es «taxativo, claro y conciso», por lo que solicitar informes adicionales equivaldría a ser cómplice de un bloqueo sistemático.
Hernández recordó que los responsables de la concesión del permiso inicial hace más de veintitrés años fueron los miembros del «PSOE de la familia Amérigo Fernández». Durante el tramo final de su intervención, el alcalde tuvo que hacer una pausa, visiblemente afectado por la tensión institucional, admitiendo estar «un poco emocionado» y pidiendo disculpas a los asistentes. Hernández quiso transmitir tranquilidad a los vecinos frente al temor a un perjuicio para las arcas municipales, recordando que el Tribunal Supremo ya dictaminó en 2020 que no procedía indemnizar a la empresa promotora. Asimismo, lamentó el «contacto cero» de la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, desde su visita institucional a la zona, y reclamó formalmente a la Junta de Andalucía y al Gobierno central su colaboración para resolver de forma definitiva un problema que lastra al municipio desde hace más de dos décadas.
El caso de El Algarrobico se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la construcción ilegal en espacios protegidos. El hotel, de 21 plantas y 411 habitaciones, fue construido en una zona de gran valor ecológico dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Desde su edificación, diversas sentencias judiciales han declarado nula la licencia municipal y han ordenado la demolición del inmueble, pero la falta de ejecución ha prolongado el conflicto durante más de veinte años. El Consejo de Ministros aprobó recientemente la expropiación de los terrenos, lo que podría allanar el camino para el derribo definitivo, aunque la pelota está ahora en el tejado de la Junta de Andalucía, que debe coordinar las acciones con el Gobierno central.
La anulación de la licencia supone un paso crucial para desbloquear una situación que ha generado un profundo desgaste institucional y social en Carboneras, un municipio de unos 8.000 habitantes que ha visto cómo el conflicto judicial ha afectado a su imagen y a su desarrollo urbanístico. Mientras tanto, los concejales que abandonaron el pleno han anunciado que recurrirán la decisión ante los tribunales, lo que podría alargar aún más el proceso. Sin embargo, el alcalde Hernández confía en que la colaboración entre administraciones permita finalmente ejecutar la demolición y restaurar el entorno natural, poniendo fin a una de las mayores controversias medioambientales de España.