Ara Més-Front Ampli y el PSIB-PSOE han denunciado ante la Junta Electoral al Ayuntamiento de Palma por excluir del reparto gratuito de espacios para propaganda electoral las farolas municipales de la capital balear, tradicionalmente distribuidas mediante sorteo para garantizar la igualdad de oportunidades entre las candidaturas. Las farolas de las Avenidas han acabado copadas en exclusiva por el Partido Popular, que las utiliza para su propia propaganda.
La denuncia se produce después de que el Consistorio, gobernado por Jaime Martínez (PP), cediera a una empresa privada la explotación publicitaria de 90 farolas municipales de las Avenidas, una de las zonas más céntricas y transitadas de la ciudad. A cambio, la misma compañía ha reservado 30 vallas privadas situadas en el extrarradio para su reparto gratuito entre el resto de partidos, que concurren en siete candidaturas en total. La resolución municipal, firmada el 2 de noviembre por la regidora de Hacienda, Contratación y Patrimonio, Mercedes Celeste, y a la que ha tenido acceso, acredita la operación con la empresa Malla SA.
El resultado es un escenario desigual. Mientras el PP contrató en exclusiva las 180 banderolas de las farolas de las Avenidas, el resto de formaciones ha tenido que repartirse los 30 soportes publicitarios facilitados por la compañía. Las vallas miden dos por 1,5 metros y su función era cumplir las obligaciones de la legislación electoral. La contrapartida, en la práctica, dejó sin acceso a los espacios céntricos a los demás partidos.
Según el PSIB, el PP había contratado ya todas las banderolas días después de la convocatoria electoral, antes de que el Ayuntamiento formalizara la cesión y comunicara oficialmente qué espacios gratuitos estarían disponibles. Los socialistas explican que lo descubrieron el 2 de noviembre, cuando contactaron con Malla para contratar publicidad electoral y la empresa les comunicó que el PP había reservado todas las banderolas de las Avenidas. A juicio de la formación, los populares tuvieron acceso anticipado a una información que solo conocían los responsables del Ayuntamiento, gobernado por su propio partido: que las farolas no se ofrecerían gratuitamente al conjunto de candidaturas.
Por ese motivo, tanto Ara Més-Front Ampli como el PSIB sostienen que existe un presunto uso de información privilegiada. Los socialistas han pedido a la Junta Electoral que deje sin efecto la resolución del 2 de noviembre, ordene retirar las 180 banderolas y distribuya esos espacios entre todos los partidos. También reclaman que se incoen expedientes sancionadores contra el Ayuntamiento y el PP y que se examine si los hechos podrían tener consecuencias penales. Ara Més-Front Ampli, por su parte, recrimina que el Consistorio haya eliminado el reparto gratuito de las farolas, recordando que tradicionalmente se ponían a disposición de las candidaturas alrededor de 1.500 soportes de alumbrado público, adjudicados mediante sorteo.
Su candidato a la alcaldía, David Pujol, ha pedido que las ubicaciones vuelvan a repartirse entre los partidos para evitar que la propaganda de una sola formación monopolice el espacio público. La documentación municipal permite reconstruir cómo se materializó el reparto: el 10 de noviembre, representantes de siete candidaturas participaron en una reunión en las dependencias municipales para adjudicar los espacios disponibles.
La operación se enmarca en una relación previa entre la empresa y el Ejecutivo balear. Malla SA es una compañía balear especializada en publicidad exterior que opera en Mallorca y el resto de las islas a través de Grupo Malla Publicidad, con actividad en vallas, monopostes, marquesinas y otros soportes de mobiliario urbano. En noviembre de 2025 obtuvo de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) un contrato de 553.600 euros durante cinco años para el mantenimiento y la explotación publicitaria de marquesinas. En julio, el Consell de Mallorca revocó expedientes sancionadores por al menos 141.000 euros, la mayoría correspondientes a Malla SA, tras los cambios normativos impulsados por el Govern de Marga Prohens. El PSIB acusó entonces al Ejecutivo del PP de cambiar las reglas para beneficiar a empresas del sector.
Hasta el momento, fuentes del Ayuntamiento han eludido hacer declaraciones sobre la denuncia. La Junta Electoral deberá pronunciarse sobre si el procedimiento seguido respeta la igualdad de oportunidades entre las candidaturas durante la campaña.