El comité de huelga de los docentes de la Comunidad de Madrid acudirá a los tribunales para impugnar los servicios mínimos que la Consejería de Educación anunció el miércoles, a los que considera inconstitucionales. La decisión llega en la cuarta semana de un paro indefinido que, según el comité, no tiene motivos nuevos que justifiquen el aumento de esos servicios.
El nuevo cálculo eleva la presencia obligatoria de profesorado durante la huelga. Hasta ahora, la norma exigía un docente por cada 50 alumnos de primaria y uno por cada 90 de secundaria, bachillerato y formación profesional. La propuesta del departamento reduce esa ratio a un docente por cada 70 alumnos en bachillerato y formación profesional, lo que incrementa el número de profesores que deben acudir a los centros.
Además, en segundo de bachillerato, los docentes de las asignaturas de la PAU deberán cubrir el 50% de las horas lectivas semanales, una proporción que se eleva hacia el 90% a medida que se acerca la fecha del examen. Para el comité de huelga, esta medida afecta directamente al derecho de los alumnos y de los propios trabajadores a ejercer el paro, y es el punto central de su impugnación judicial.
El comité sostiene que no se han elaborado los informes técnicos que justifiquen estos servicios mínimos. Según su argumentación, la Administración no ha aportado datos que acrediten la necesidad de elevar las ratios más allá de la normativa vigente, por lo que considera que la decisión carece de base y que vulnera el derecho de huelga reconocido en la Constitución.
El viernes se celebró una reunión por videoconferencia entre el comité de huelga y la Consejería de Educación. Según han denunciado los representantes sindicales, el departamento impidió que los docentes asistieran a la asamblea previa al encuentro, y los cargos que acudieron fueron altos responsables de la Administración, no personal técnico. Esa circunstancia, según el comité, refuerza la falta de un debate con fundamento técnico sobre la medida.
La patronal de directores Adimad rechaza el incremento de los servicios mínimos. La asociación considera que la medida busca prolongar la huelga en lugar de resolverla, y los directores se niegan a cumplir una orden del departamento que les pedía vigilar el «adoctrinamiento» en las aulas. Ese punto añade tensión a un conflicto que ya lleva semanas abierto en los centros madrileños.
Quedan abiertas dos incógnitas: si los tribunales aceptarán la impugnación del comité de huelga por motivos constitucionales y si la Consejería de Educación presentará la justificación técnica que exige la normativa para sostener los servicios mínimos. Mientras tanto, el paro indefinido continúa y la disputa se traslada al terreno judicial.