El cantante Julio Iglesias ha presentado una demanda en el Tribunal Supremo contra la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, por «intromisión ilegítima en el derecho al honor y la intimidad personal», y le reclama una indemnización de 50.000 euros por daño moral. La acción legal se deriva de unas declaraciones públicas realizadas por Díaz el pasado mes de enero, tanto en su cuenta de la red social Bluesky como en el programa «La Hora de la 1» de RTVE, a raíz de la denuncia presentada por dos exempleadas del cantante por delitos de abuso sexual, que fue archivada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
En la demanda, a la que ha tenido acceso EFE, la defensa de Iglesias, encabezada por el abogado José Antonio Choclán, solicita que Yolanda Díaz reconozca que sus manifestaciones constituyen «una intromisión ilegítima en el derecho al honor» del artista, que se retracte públicamente de sus palabras y que pague la citada indemnización, además de las costas del proceso. La vicepresidenta ya se negó a retractarse en un acto de conciliación previo, al no reconocer que sus comentarios hubieran supuesto un daño reputacional o al honor del cantante.
El origen del conflicto se remonta a enero de 2026, cuando el medio digital publicó una investigación sobre las denuncias presentadas por dos exempleadas de Julio Iglesias por delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, agresión sexual, lesiones y delito contra los derechos de los trabajadores. La Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó la denuncia por falta de jurisdicción y competencia de los tribunales españoles, al considerar que los hechos habrían ocurrido fuera del territorio nacional.
Tras conocerse la existencia de dicha denuncia, Yolanda Díaz escribió en Bluesky: «Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente. Gracias a las mujeres valientes y a las periodistas de @ por denunciarlo». Para la defensa del cantante, estas declaraciones, emitidas por un «alto cargo público del Estado», transmitieron a la opinión pública «claros prejuicios de culpabilidad» contra Iglesias, sugiriendo que en su casa se cometían abusos sexuales y que los trabajadores se encontraban en régimen de esclavitud.
La demanda presentada en el Tribunal Supremo es la vía civil que ha elegido Iglesias para dirimir el conflicto con la vicepresidenta segunda. En paralelo, el cantante ha presentado en los juzgados de Madrid una querella por injurias, calumnias y un delito contra la integridad moral contra varios periodistas de, incluido su director, Ignacio Escolar. En esta querella, la defensa de Iglesias sostiene que las informaciones publicadas por el medio contenían comentarios «falsos e injuriosos» que buscaban «menoscabar su imagen pública» y «minar» su reputación, y reclama que se retiren cautelarmente las publicaciones.
El director de, Ignacio Escolar, ha respondido a la querella asegurando que el periódico no se retractará de las noticias y que se defenderá en los tribunales. Escolar subrayó que «no es fácil aguantar estas presiones, pero es nuestro trabajo; publicar información contrastada y veraz», y defendió que las informaciones aparecidas en el diario parten de «una rigurosa investigación que llevó tres años de trabajo». El acto de conciliación entre Iglesias y también concluyó sin acuerdo.
El caso ha generado un intenso debate público sobre los límites de la libertad de expresión de los cargos públicos, el derecho al honor de las personas y la responsabilidad de los medios de comunicación al informar sobre denuncias de delitos graves. La demanda de Julio Iglesias contra Yolanda Díaz se suma a una serie de acciones legales emprendidas por el cantante en los últimos meses para defender su reputación, en un contexto en el que las acusaciones de abuso sexual han salpicado a numerosas figuras del mundo del espectáculo y la cultura.
La Sección Civil de un juzgado de Madrid ya ha citado a Yolanda Díaz para el próximo 19 de septiembre, después de que la defensa del cantante pidiera que «reconozca expresamente el daño producido» por sus «claros prejuicios de culpabilidad». La vicepresidenta segunda, que ha mantenido su postura de no retractarse, deberá comparecer ante el tribunal para responder a la demanda civil. Por su parte, la querella contra los periodistas de sigue su curso en los juzgados de Madrid, a la espera de que se fije una fecha para la vista.