El Gobierno de Ceuta no ha solicitado la activación del convenio suscrito con Andalucía en 2021 y renovado en 2024 para el traslado y acogida de menores extranjeros no acompañados, a pesar de la crisis humanitaria que atraviesa la ciudad autónoma. Fuentes del Ejecutivo ceutí aseguran que todavía se encuentran «en fase de emergencia», centrados en llevar a los menores que permanecen «en la calle» a los recursos disponibles, y dan a entender que hasta que no se resuelva este episodio «no habrá un siguiente paso».
El acuerdo, firmado por los gobiernos autonómicos del Partido Popular encabezados por Juanma Moreno y Juan Jesús Vivas, se definió como «un instrumento de cooperación interautonómico» para permitir la derivación e integración de los niños y adolescentes migrantes no acompañados «de forma ágil y estable en el tiempo, mientras continúe desarrollándose la crisis migratoria que afecta a la Ciudad de Ceuta». El protocolo establece que será la Consejería de Presidencia y Gobernación ceutí la que seleccione a los menores con «mayor idoneidad» para su traslado, y que la Consejería de Inclusión Social andaluza estudiará los expedientes para aceptar o denegar la tutela según la disponibilidad de recursos residenciales.
Este impasse se produce en un momento en el que el Ministerio de Juventud e Infancia propuso trasladar de manera inmediata a 500 menores a la península y distribuirlos en grupos de entre 20 y 30 a través de un convenio con entidades privadas. El departamento que dirige Sira Rego apuntó directamente a la negativa de Ceuta a realizar este trámite, aunque el Gobierno ceutí niega tener constancia por escrito de que exista ese número de plazas disponibles en los organismos privados. El cruce de acusaciones se enmarca en la confrontación entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y la oposición del Partido Popular a la acogida de los menores.
Ceuta atiende en la actualidad a alrededor de un millar de menores extranjeros en sus centros, pese a que su capacidad ordinaria está fijada en 29 plazas para menores migrantes no acompañados. La ocupación triplica, por tanto, las previsiones habituales, una situación que la ley de Extranjería define como contingencia migratoria extraordinaria. El convenio con Andalucía se activaría precisamente cuando no haya familiares que puedan asumir la guarda de estos menores y se encuentren en centros de protección o en dispositivos de emergencia habilitados temporalmente por haberse superado las previsiones de acogimiento.
El portavoz parlamentario del PP andaluz, Toni Martín, defendió este miércoles que el convenio suscrito entre ambas administraciones está «en activo y se está desarrollando». Sin embargo, a raíz del informe policial que señala a Marruecos como posible instigador de la entrada irregular de personas migrantes a Ceuta, añadió que «pone claramente en duda que estemos ante una contingencia migratoria», pese a que la definición legal recoge que se produce cuando una situación supera por fuerza mayor las capacidades de la administración y de sus controles fronterizos.
La Consejería de Inclusión Social de la Junta de Andalucía ha guardado silencio sobre si habría recibido una petición formal por parte de Ceuta para activar este mecanismo. El acuerdo se adelantaba a la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que permite a las comunidades autónomas llegar a acuerdos con aquellas donde se encuentren los menores extranjeros no acompañados para asumir su tutela y custodia, con el fin de garantizar mejores condiciones de integración. La narrativa del presidente andaluz, Juanma Moreno, ha ido cambiando en el último mes desde que se produjo la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma.