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El Parlamento de Andalucía cesa a Antonio Manuel López Hernández como consejero de la Cámara de Cuentas

El Parlamento de Andalucía ha aprobado el cese de Antonio Manuel López Hernández, ex presidente de la Cámara de Cuentas andaluza y autor del informe pericial que defendió la cátedra de Begoña Gómez. El PSOE-A denuncia una «decisión unilateral» y anuncia acciones legales.

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Este artículo se ha producido con ayuda de IA bajo la responsabilidad editorial de Haydamax OÜ.

El Parlamento de Andalucía ha acordado el cese de Antonio Manuel López Hernández como consejero de la Cámara de Cuentas, el órgano encargado de fiscalizar la gestión económica y financiera del sector público andaluz. La decisión, adoptada por la presidenta de la Cámara, Ana María Mestre, afecta al ex presidente de esta institución, que fue propuesto por el PSOE de Andalucía y que elaboró el informe pericial presentado por Begoña Gómez ante el juez Juan Carlos Peinado para defender la legalidad de su cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid.

La destitución llega después de que trascendieran las actividades académicas y profesionales desarrolladas por López Hernández mientras ejercía como consejero de la Cámara de Cuentas. El caso había provocado la apertura de un expediente por parte de la propia institución ante la «existencia de una incompatibilidad sobrevenida» y un posible incumplimiento de los deberes inherentes al cargo. En concreto, se cuestionó que López Hernández figurara como docente en el Máster Universitario en Dirección y Gestión Pública de la Universidad de Granada durante los cursos 2024/2025 y 2025/2026 sin que constara una autorización de compatibilidad en el registro público de la Cámara de Cuentas, según desveló OKDIARIO. La legislación reguladora del organismo establece un régimen de incompatibilidad para sus consejeros.

El informe pericial que vinculó a López Hernández con el caso de Begoña Gómez está fechado el 16 de abril de 2026. En él, el catedrático de la Universidad de Granada y antiguo concejal socialista en Guadix sostenía que las cátedras extraordinarias constituyen una fórmula habitual y legítima de colaboración entre las universidades públicas y entidades privadas, y que la dirección de estas estructuras por personas ajenas a la plantilla universitaria es una práctica extendida en España. Para respaldar esa tesis, analizaba la regulación de distintas universidades y comparaba sus modelos de funcionamiento. No obstante, fuentes jurídicas consultadas cuestionaron el alcance del documento y señalaron que no entraba a justificar de manera específica las particularidades de la cátedra de Begoña Gómez ni desmentía los extremos recogidos por el juez instructor.

La medida ha provocado el rechazo del Grupo Socialista. La portavoz adjunta del PSOE-A, María Márquez, ha solicitado la paralización de la destitución y ha calificado la actuación de «decisión unilateral». Según la dirigente socialista, el cese «sienta un precedente peligroso». Además, el asesor de Begoña Gómez ha anunciado que llevará a los tribunales su cese en la Cámara de Cuentas andaluza, según ha trascendido este miércoles. La polémica adquiere así una nueva dimensión judicial y política en Andalucía.

El cese de López Hernández se produce en un contexto de escrutinio sobre la compatibilidad de altos cargos públicos con actividades docentes y profesionales. La Cámara de Cuentas de Andalucía, como órgano de control externo, tiene entre sus funciones la fiscalización de la gestión económica y financiera del sector público andaluz, por lo que la independencia y la ejemplaridad de sus consejeros son objeto de especial atención. La decisión del Parlamento andaluz, adoptada por la presidenta de la Cámara, Ana María Mestre, se enmarca en el expediente abierto por la propia institución para determinar si existió una incompatibilidad sobrevenida durante el ejercicio del cargo.

El caso había sido desvelado por OKDIARIO en abril, cuando se publicó que López Hernández compaginaba su puesto como consejero con la docencia en la Universidad de Granada sin la preceptiva autorización de compatibilidad. A partir de ahí, la institución activó los mecanismos internos de control, que han culminado en su destitución. El PSOE-A, que propuso su nombramiento, considera que el cese responde a una decisión política y ha anunciado que recurrirá la medida. La situación deja abierta la posibilidad de que los tribunales se pronuncien sobre la legalidad del cese en las próximas semanas.

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