La huelga general por la crisis de la vivienda se celebrará el miércoles 11 de noviembre, según ha confirmado el Sindicato de Inquilinas tras una reunión celebrada este miércoles por la tarde con las organizaciones sindicales que respaldan el paro de 24 horas. La fecha, propuesta por el sindicato de inquilinos, ha obtenido el apoyo de los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT, así como de CGT, Intersindical, LAB, CIG, CO.BAS y Solidaridad Obrera, entre otros. La convocatoria tendrá lugar 18 días antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, antes del arranque formal de la campaña electoral.
El anuncio ha quedado marcado por la muerte de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que fue desahuciada de su hogar de 70 años por la empresa Urbagestión. Abascal falleció este miércoles en el hospital Gregorio Marañón tras una complicación de su salud posterior al lanzamiento. La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, ha lamentado su muerte y ha asegurado que «hoy el rentismo ha terminado de matar a Maricarmen». Del Río ha subrayado que la especulación y el rentismo «matan a gente cada día en el país» y que la huelga se celebrará en su recuerdo.
En un comunicado conjunto, CCOO y UGT han llamado a la movilización «por mejores salarios, por una vivienda digna y por el control de los precios ante una inflación que lastra nuestro poder adquisitivo». Los sindicatos argumentan que la huelga responde a la «insaciable avaricia inmobiliaria que especula con uno de los principales derechos de ciudadanía» y denuncian una política empresarial que aprovecha el crecimiento económico para aumentar beneficios a costa de los salarios. Asimismo, critican el engorde de los márgenes empresariales durante la crisis energética derivada de la guerra en Irán.
La convocatoria también exige desbloquear la negociación colectiva, subir salarios, reducir la jornada laboral, mejorar la salud de las personas trabajadoras y erradicar la precariedad. Del Río ha reclamado al Gobierno la aprobación de contratos de alquiler indefinidos, bajadas «drásticas» en el precio del alquiler y la vivienda, un impuesto a la riqueza para financiar un parque público de vivienda real, la construcción y expropiación de viviendas vacías, así como el fin de la vivienda especulativa. «Ahora que hemos comprobado nuestra fuerza creciente, hay que dar un paso más y seguir escalando la presión», ha afirmado la portavoz, que ha defendido la huelga como la herramienta que permite pasar «de ser muchas personas enfadadas, a ser millones de personas que pueden actuar juntas y coordinadamente».
La reunión de este miércoles, convocada a las 19 horas, buscó respetar el marco de diálogo y la amplitud de la convocatoria. Aunque el líder de UGT, Pepe Álvarez, ya había señalado por la mañana la fecha del 11 de noviembre, el resto de sindicatos pidió esperar al encuentro con el Sindicato de Inquilinas. En la rueda de prensa posterior participaron representantes de CGT, CO.BAS y Solidaridad Obrera, mientras que los representantes de UGT y CCOO finalmente no acudieron. Desde CGT destacaron que se estaba consultando a todas las fuerzas sindicales del Estado y que la organización estaba «haciendo de pegamento en muchos lugares» para contactar con esas fuerzas. Incluso en territorios como Euskadi, donde la relación entre los sindicatos regionales y los mayoritarios es compleja, desde LAB apuntaban que trabajaban «para organizar una huelga lo más amplia posible y con la respuesta más mayoritaria posible».
La huelga general por la vivienda se perfila así como una de las movilizaciones más amplias de los últimos años, con el objetivo de forzar a las administraciones públicas a tomar medidas contra la especulación inmobiliaria y la precariedad habitacional que afecta a millones de personas, especialmente a mujeres y migrantes en situación de vulnerabilidad económica.