Varios alcaldes han pedido que se deje al margen el interés electoral en la polémica surgida por la participación de policías locales en prácticas de táser en el cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo, en Donostia. La petición llega en medio de un debate político que ha enfrentado a formaciones de distintos signos en el País Vasco.
Según la información publicada por el medio naiz, los regidores reclaman que la cuestión se aborde desde la responsabilidad institucional y no desde la rentabilidad electoral. El debate se ha trasladado a la opinión pública tras conocerse que agentes de algunos municipios habían acudido a esas instrucciones, lo que ha obligado a los consistorios afectados a explicar su postura ante la ciudadanía.
El diario El Diario Vasco informó de que también policías municipales de Pasaia habían realizado prácticas de táser en el mismo cuartel, lo que amplió el alcance de la controversia a otras localidades guipuzcoanas. La misma información situó en el centro del debate al alcalde de Andoain, de Bildu, cuyo municipio está vinculado a la polémica por la formación de sus agentes en esas instalaciones.
Por su parte, El Mundo recogió que ELA se ha sumado a la campaña del PNV y acusa a los ayuntamientos de Tolosa y Andoain de «blanquear» a la Guardia Civil por enviar policías a Intxaurrondo. Según esa lectura, la formación de agentes municipales en un cuartel de un cuerpo estatal supone respaldar una institución cuya actuación la organización sindical cuestiona, y de ahí su reproche a los gobiernos locales implicados.
La controversia se inscribe en un contexto en el que el uso de armas de descarga eléctrica por parte de las policías locales ha generado debate sobre su regulación, su formación y los mecanismos de control. Las prácticas en Intxaurrondo han puesto el foco en qué instituciones pueden enseñar a estos agentes y bajo qué criterios, una cuestión que hasta ahora se había tratado sobre todo en el plano técnico.
Los alcaldes que han intervenido en el asunto insisten en que el tema debe discutirse con criterios de seguridad ciudadana y de buena gestión pública, y no como un instrumento de confrontación partidista. Su mensaje busca desplazar el foco desde la pugna entre partidos hacia la pregunta de fondo sobre la preparación de los agentes que trabajan en las calles.
Las informaciones disponibles no detallan la existencia de sanciones ni de decisiones formales sobre la continuidad de estas prácticas, por lo que el asunto permanece abierto tanto en el ámbito político como en el municipal. Queda por ver si las autoridades competentes aclararán el marco en el que se realizaron las formaciones y si habrá cambios en su desarrollo.