La crisis migratoria desatada en Ceuta tras la avalancha masiva de más de 70.000 personas a finales de julio ha irrumpido en el arranque del curso político y ha roto los planes de los partidos, que preveían activar su campaña electoral centrada en otros asuntos. La situación sigue sin resolverse y obliga a las formaciones a incorporar a sus discursos el debate sobre la inmigración y el reparto de 500 menores migrantes por la Península, una medida preparada por el Gobierno que ya ha provocado posturas enfrentadas entre comunidades autónomas y líderes políticos.
El Ejecutivo ceutí reclama una mayor implicación del Gobierno central y la devolución de todas las personas que entraron en el asalto y permanecen en la ciudad. En este contexto, la inmigración se perfila como uno de los grandes ejes de confrontación de la vuelta al curso, con el PP y el PSOE ya enfrentados por esta cuestión. Los populares, liderados por Alberto Núñez Feijóo, han endurecido su discurso y exigen la expulsión de todos los que accedieron de forma irregular, incluidos los menores, y califican lo sucedido de «invasión» y de «daño sin precedentes a la seguridad nacional». Desde el Ejecutivo, en cambio, acusan al principal partido de la oposición de copiar la «estrategia», el «discurso de odio» y la «xenofobia» de Vox, y defienden una respuesta basada en la «atención humanitaria».
La cuestión migratoria ha pasado a formar parte de las principales preocupaciones de los españoles, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que en su barómetro de junio la situó en el tercer puesto, solo por detrás de la vivienda. Con las elecciones municipales, autonómicas y generales de 2027 en el horizonte, la inmigración se convertirá en una de las principales armas electorales del último curso de la legislatura, desplazando parcialmente los ataques al Ejecutivo por las causas judiciales por corrupción que seguirán avanzando a partir de septiembre.
Feijóo ya activó el modo electoral en su segunda visita a Ceuta, donde desgranó un plan para la ciudad que cumplirá «si llega al Gobierno». El programa incluye convertir la frontera del Tarajal en «inviolable» ante futuros asaltos, con la ampliación del espigón; fijar unas relaciones con Marruecos libres de «chantajes»; reforzar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas en el territorio, y endurecer la ley de Extranjería. Mientras tanto, el ministerio de Infancia y Juventud ha puesto en marcha un plan para trasladar a la Península a 500 menores migrantes, una medida que ha sido rechazada por el líder popular.
Las diferencias también se aprecian entre los socios del Gobierno. Sumar apuesta por la integración real y por incrementar el número de inmigrantes regularizados, mientras que PSOE, ERC y EH Bildu defienden una respuesta basada en la cooperación institucional y la acogida, rechazando los discursos más duros. En una posición intermedia, el PNV aboga por combinar integración y regulación de los flujos migratorios. Vox, por su parte, mantiene una de sus banderas principales en este asunto, asociando inmigración con delincuencia y planteando deportaciones masivas, un control de fronteras más estricto y la expulsión inmediata de los inmigrantes irregulares que delincan.
El PP coincide con Vox en la necesidad de agilizar las expulsiones y los rechazos en la frontera, pero no rechaza la inmigración de pleno: apoya una «regulada y ordenada», ligada al mercado laboral y con flujos controlados. Los socialistas, en cambio, defienden mecanismos de acogida y reparto de menores entre comunidades autónomas, y han impulsado en los últimos años una estrategia favorable con medidas como la regularización. Con estas posturas enfrentadas, la gestión de las fronteras y la acogida de migrantes se consolida como uno de los principales ejes de confrontación política en los próximos meses.