El Tribunal Supremo ha paralizado de forma cautelar la inscripción en el censo electoral de las personas nacionalizadas al amparo de la conocida como ley de nietos, lo que les privará del derecho al voto en los próximos procesos electorales salvo que acrediten, tras un largo proceso burocrático, que son descendientes de exiliados del franquismo. La decisión, adoptada por la mayoría de los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, responde a las medidas cautelares solicitadas por Vox y el partido Iustitia Europa, que impugnaron el acuerdo de la Junta Electoral Central que permitía la inscripción de este colectivo.
El acuerdo establece que quienes hayan obtenido la nacionalidad española de origen mediante esta norma continuarán la tramitación de su expediente de inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), pero una vez finalizado el trámite, su inscripción quedará suspendida hasta que se dicte sentencia firme sobre el fondo del asunto. Además, se suspende también el derecho al voto para las personas ya inscritas bajo este supuesto en los sucesivos procesos electorales que se convoquen. Uno de los seis magistrados ha anunciado que formulará un voto particular al discrepar de la decisión mayoritaria.
La única vía para evitar esta suspensión es que los Registros Consulares expidan una «certificación acreditativa» de la condición de nacidos fuera de España de progenitores o abuelos originariamente españoles que sufrieron exilio por razones políticas, ideológicas, religiosas o de orientación e identidad sexual. Esto implica iniciar un nuevo procedimiento para acreditar de nuevo los requisitos, un proceso burocrático que, según las fuentes consultadas, dificulta enormemente que los nacionalizados en virtud de esta norma puedan participar en las próximas elecciones generales.
La ley de nietos, aprobada en octubre de 2022, reconoce el derecho a la nacionalidad a los descendientes de españoles represaliados durante el franquismo. La norma se tramitó durante quince meses en el Congreso y el Senado sin que el PP ni Vox mostraran entonces su oposición a esta medida concreta, aunque sí votaron en contra de la Ley de Memoria Democrática que la incluía en su disposición adicional octava. Esa disposición establece que los nacidos fuera de España de padre, madre, abuelo o abuela que hubieran sido originariamente españoles y que, como consecuencia del exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad, podrán optar a ella.
Cuatro años después, y tras el acuerdo de la Junta Electoral Central del pasado julio sobre la inscripción de estas personas en el censo, PP y Vox impulsaron una teoría conspirativa sobre un supuesto plan del Gobierno para alterar los resultados electorales engordando el censo mediante esta ley. Vox e Iustitia Europa impugnaron ese acuerdo, y el Supremo ha acabado suspendiéndolo de forma cautelar. Durante la vista celebrada este lunes, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado se opusieron a la suspensión de las altas incorporadas al CERA, al considerar que ello implica revisar la concesión de la nacionalidad, que no es el objeto del recurso.
El fiscal señaló que la petición de frenar la inscripción de personas en virtud de su derecho de sufragio «pretende convertir a la Oficina del Censo Electoral en un registrador que califica actos jurídicos», cuando la inscripción es una consecuencia automática y legal de la nacionalidad concedida. La Abogacía del Estado, por su parte, defendió que solo se puede privar del derecho de sufragio por sentencia penal firme y pidió la inadmisión del recurso. Desde Vox, el letrado y eurodiputado Jorge Buxadé aseguró que si se deniega la medida «el censo va a seguir aumentando de forma anómala cuando no ilegal», mientras que Luis María Pardo, de Iustitia Europa, defendió la necesidad de las cautelares para evitar que una eventual sentencia llegue cuando sus efectos electorales ya sean irreversibles.