Los cinco ministros de Sumar, incluida la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, han contraprogramado este martes la comparecencia del PSOE desde el Palacio de la Moncloa con una convocatoria simultánea en la sede de la Vicepresidencia Segunda del Ministerio de Trabajo y Economía Social. El objetivo era afianzar la posición de los magentas en la negociación de los dos decretos de vivienda aprobados y marcar perfil propio frente al coto que, según fuentes del espacio, ha puesto el PSOE en las últimas horas.
Mientras la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, explicaba los ejes de los dos decretos en Moncloa, acompañada por el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, comparecía en la sede de Castellana para rendir cuentas por los acuerdos alcanzados a última hora, antes de la reunión del Consejo de Ministros. «No es el modelo que queríamos, pero es un primer paso», ha declarado Bustinduy, flanqueado por el gesto serio del resto de ministros y de la vicepresidenta segunda.
Entre las medidas consensuadas destacan la protección «reforzada» contra los desahucios hasta 2030, la regulación del alquiler de habitaciones, un nuevo régimen sancionador para los pisos turísticos, la congelación al 0% de los contratos de alquiler por encima de los índices de vivienda y la prohibición de compra de vivienda a fondos buitre hasta 2028. El paquete incluye además la protección de inquilinos ante «sobrecostes abusivos», medidas contra la vivienda vacía y la supresión de ventajas fiscales a los grandes fondos especulativos.
Bustinduy ha lamentado que la prórroga de contratos de alquiler se haya separado en un segundo decreto. «Queríamos un único decreto», ha apuntado, antes de subrayar que esa «prórroga ampliada y reforzada» beneficiará a «cinco millones de compatriotas». El ministro ha reconocido que no han conseguido todo lo que pretendían: «No compartimos alguno de los modelos de bonificaciones fiscales recogidos en el decreto», ha dicho en referencia a los caseros, aunque ha rebajado su impacto sobre los propietarios. «Es un modelo en aras de acuerdos», ha insistido.
En la negociación, Sumar aspiraba a límites superiores en materia de compra especulativa y de suspensión de desahucios. Pese a ello, Bustinduy ha calificado el resultado de «primer paso de conquista en la lucha para que, junto al movimiento por el derecho a la vivienda, pueda conseguirse» lo que recoge el artículo 47 de la Constitución. «El balance que hacemos es que hemos conseguido algo decisivo para poder transformar un modelo económico en el que la vivienda se ha convertido en el principal lastre, motivo de ansiedad o inseguridad de la clase trabajadora del país», ha añadido.
El ministro también se ha referido a la convalidación de los decretos, que se votará este viernes en el Congreso sin agotar los plazos de 30 días que fija la ley. «Es esencial que la ciudadanía haga valer sus derechos, su voz, para que cuando se vote el interés general se abra paso», ha señalado. Y ha lanzado un mensaje a los socios de centroderecha, así como al PP y a Vox: «De lo que se va a hablar el viernes es de desahucios, de especuladores, de fondos, de proteger a la infancia y del derecho a una vida digna y tranquila en nuestro país. No va a haber bandera, consigna o exabrupto que tape que a día de hoy ambos defienden a los especuladores».
Desde el PP, Ester Muñoz ha afirmado en el Congreso que la situación del Gobierno es de «vodevil» y que no puede trasladar a la oposición la responsabilidad de aprobar unos decretos cuando se ha desinteresado del asunto durante ocho años. Muñoz ha recordado que existe una propuesta de vivienda aprobada en el Congreso con mayoría, incluida Junts, el pasado 10 de septiembre, y ha sostenido que esa es la iniciativa que tiene respaldo suficiente, lo que a su juicio demuestra que Sánchez no tiene mayoría para gobernar.
Preguntado por la influencia del caso de Mari Carmen Abascal, la mujer de 87 años desahuciada la semana pasada y que regresará a su casa con un alquiler inferior a 500 euros, Bustinduy ha admitido que el asunto ha sido importante, pero ha reivindicado que la lucha por la vivienda es una constante en el seno del Gobierno desde hace años. El ministro ha llamado a «concentrar los esfuerzos en aprobar» los decretos para que tengan un impacto real a partir del cierre de esta semana.