La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido de que la limitación de las subidas de la tarifa regulada de gas natural, conocida como TUR, no supone un alivio real para las economías domésticas. Según la organización, la medida aprobada por el Gobierno genera una deuda con las comercializadoras que se recuperará en sucesivas revisiones tarifarias, por lo que el coste energético se aplaza, pero no se reduce.
El precio del gas natural para los consumidores acogidos a la TUR ha subido desde el pasado 1 de octubre una media del 17,6% respecto al coste fijado el 1 de julio. El incremento responde a la subida de la cotización internacional de los hidrocarburos y al efecto de las medidas recogidas en el Real Decreto-ley 25/2026, aprobado para hacer frente al impacto del conflicto en Oriente Próximo, según la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado.
Ese real decreto-ley ha limitado al 35% el incremento del coste de la materia prima incluido en la TUR que entró en vigor el 1 de octubre, lo que arroja un valor de 3,5 céntimos de euro por kilovatio hora. A partir del 1 de enero de 2027, el límite de las subidas no podrá superar el 15%. El texto publicado en el BOE el pasado 30 de septiembre justifica la medida por la llegada de la temporada invernal, cuando aumenta el consumo de gas para calefacción, y por su repercusión en las personas más vulnerables.
Sin embargo, la OCU ha señalado que estas limitaciones tienen letra pequeña. La organización calcula que el componente energético incorporado a la fórmula de la TUR experimentaría entre octubre y diciembre de 2026 un incremento cercano al 100% como consecuencia de la evolución de los mercados energéticos. De haberse aplicado íntegramente ese aumento, el precio final habría crecido en torno a tres céntimos por kilovatio hora, lo que se traduciría en una factura anual de unos 900 euros para un hogar con un consumo anual de 9.000 kWh.
«El nuevo sistema no reduce realmente el coste del gas para los hogares con tarifa TUR», ha asegurado la OCU, que considera que la medida solo aplaza parte del coste energético. Una vez finalizado el periodo de aplicación, la nueva tarifa TUR de abril de 2027 volverá a calcularse mediante la metodología ordinaria, sin mecanismos extraordinarios de limitación. En ese momento, el consumidor habrá generado una deuda con las comercializadoras de referencia, intereses incluidos, que deberá recuperarse de forma íntegra a través de la misma tarifa.
La organización también ha llamado la atención sobre las consecuencias que este modelo puede tener para la libertad de elección de comercializadora. Los consumidores que decidan abandonar la TUR antes de que se haya recuperado completamente la deuda acumulada deberán asumir la parte pendiente que les corresponda. A juicio de la OCU, esta obligación introduce una barrera que puede condicionar la capacidad de los consumidores para cambiar libremente de comercializadora en busca de mejores condiciones económicas o de un servicio más adaptado a sus necesidades, un efecto similar al de un compromiso de permanencia.
Además, la OCU advierte de que el nuevo mecanismo introduce una gran confusión, ya que el consumidor desconocerá el coste final del gas que está consumiendo y lo que podría ahorrar con una oferta en el mercado libre. Por todo ello, la organización ha reclamado que el coste derivado de la limitación temporal de la TUR se traslade directamente a una partida específica en los Presupuestos Generales del Estado, tal y como ya se hizo durante la guerra de Ucrania.