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Albanese denuncia que empresas que lucran con la ocupación de Palestina también operan en la vivienda europea

La relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, participa en Barcelona en la conferencia europea del movimiento BDS y defiende el boicot, las desinversiones y las sanciones contra Israel para hacer cumplir el derecho internacional.

Este artículo se ha producido con ayuda de IA bajo la responsabilidad editorial de Haydamax OÜ.

La relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, sostiene que las mismas empresas que se benefician de la ocupación de Palestina operan también en el mercado de la vivienda de las ciudades europeas. Lo afirma en una entrevista con durante su estancia en Barcelona, donde asiste a la conferencia regional europea del movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS), nacido en 2005 e impulsado por integrantes de la sociedad civil palestina.

Albanese presentó recientemente su último informe, centrado en el papel de los medios de comunicación en tiempos de genocidio. En él alerta de que muchos actúan como legitimadores o silenciadores de crímenes masivos en Palestina. Durante la entrevista, la relatora explica por qué considera que el BDS es una herramienta imprescindible para exigir el cumplimiento del derecho internacional y qué papel debe jugar la sociedad civil frente a la impunidad de Israel.

Según Albanese, el movimiento surgió a raíz de una decisión de la Corte Internacional de Justicia, que en 2004 recordó a Israel que no puede invocar la legítima defensa frente a los palestinos, cuyo territorio ocupa. Como los Estados no presionaron para impedir que Israel continuara construyendo el muro, la sociedad civil decidió reclamar por sí misma la aplicación de la ley. La relatora subraya que el planteamiento se apoya en el marco jurídico del apartheid, porque, a su juicio, Israel discrimina entre palestinos e israelíes, y en la exigencia de compromisos éticos.

La estrategia que describe se divide en tres niveles. En el ámbito estatal, los Estados deben imponer sanciones a Israel. En el empresarial, las compañías deben desinvertir en Israel. Y en el ciudadano, cada persona puede decidir qué compra, en qué bancos, aseguradoras o fondos de pensiones deposita sus ahorros. Albanese define esa decisión como una elección ética. Añade que el BDS ha obligado a mirar la situación palestina como un sistema de ilegalidad y no como una serie de violaciones aisladas, una lectura que, según ella, ha sido confirmada por la Corte Internacional de Justicia al señalar la ocupación ilegal y la segregación.

La relatora establece después un vínculo directo con las ciudades europeas. Cita el caso de Airbnb, que junto con contribuye, a su juicio, a la gentrificación de los centros urbanos y a la transformación de viviendas en activos destinados a generar beneficios, en lugar de servir para vivir. Según Albanese, esa misma empresa obtiene también beneficios de propiedades robadas en Palestina. Para ella, el hilo común es lo que denomina ultracapitalismo, un sistema en el que los beneficios económicos se sitúan por encima de los derechos.

Sobre Gaza, Albanese rechaza el término alto el fuego para describir la situación actual. Afirma que Israel utiliza un lenguaje que desvía la atención de sus operaciones, al que denomina camuflaje humanitario en su informe. Menciona expresiones como intervenciones selectivas o intervenciones quirúrgicas para referirse a ataques con bombas de más de 900 kilos, y el concepto de zonas seguras, que, según la relatora, nunca existió: alrededor del 40 % de los bombardeos de los primeros meses del genocidio siguieron cayendo en zonas declaradas seguras. Denuncia además que, durante el llamado alto el fuego, Israel ha matado a 1.600 personas.

Albanese cuestiona también que Israel siga decidiendo qué entra y qué no entra en Gaza, pese a haber prometido retirarse tras la liberación de los rehenes, y pide saber por qué la comunidad internacional no asume esa responsabilidad. Asimismo, critica que se haya permitido a Israel desmantelar por partes a la UNRWA, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos, que recuerda que solo la Asamblea General puede decidir sobre su futuro. Concluye que quien crea que esta impunidad se limitará a Palestina se equivoca, porque, según ella, se está extendiendo por toda la región.