El Parlament de les Illes Balears ha rechazado este martes declarar el archipiélago zona de mercado residencial tensionado, la figura prevista en la ley estatal de vivienda que permite aplicar límites a los alquileres. La propuesta, defendida por el PSIB-PSOE, ha contado con el voto en contra del PP y Vox, que suman mayoría en la Cámara autonómica. La decisión mantiene a Baleares sin una de las principales herramientas para contener unos precios que, según los grupos de la oposición, están expulsando a los residentes de las islas.
La votación ha coincidido con una concentración a las puertas del Parlament en la que unas cien personas han reclamado un cambio de rumbo en las políticas de vivienda del Govern de Marga Prohens. La protesta se suma a una semana de movilizaciones en Palma, donde una acampada instalada desde finales de septiembre en la plaza de España continúa funcionando como centro de organización. El sábado pasado, miles de personas recorrieron la ciudad bajo el lema «Feim de l'habitatge un dret»: la Policía Nacional cifró la asistencia en unas 3.000 personas, mientras los organizadores elevaron la cifra a 10.000.
La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ya había anunciado antes del debate que su grupo votaría en contra de la iniciativa socialista. En línea con el discurso habitual del PP, ha sostenido que el control de alquileres provocaría una retirada de viviendas del mercado y un encarecimiento de los pisos disponibles, y ha puesto como ejemplo el caso de Catalunya. La Generalitat aplica desde marzo de 2024 la contención de rentas en 271 municipios, donde reside alrededor del 90% de la población catalana. El crecimiento de los alquileres de temporada como vía para evitar las limitaciones de precio llevó al Parlament catalán a aprobar en diciembre su sujeción al tope del resto de alquileres residenciales.
Frente a esta posición, Prohens ha defendido las medidas que su Ejecutivo ha puesto en marcha, como la creación de vivienda a precio limitado, la posibilidad de incrementar la densidad en inmuebles, los proyectos residenciales estratégicos o el requisito de varios años de residencia mínima en Baleares. Sin embargo, el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, le ha recriminado que los resultados de esas medidas «no se han visto» y que la vivienda es «más inasequible que nunca» en el archipiélago. Castells ha exigido a Prohens que «deje de engañar» con que la declaración de zonas tensionadas afectaría a los pequeños propietarios, y ha precisado que el control de precios podría influir en un 10% de los propietarios que tienen seis o más viviendas. También le ha pedido que «supere su ideología» para «dar respuesta a los problemas de la gente».
El portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, encargado de defender la propuesta, ha asegurado que su iniciativa no pretende copiar el modelo catalán, sino permitir que los ayuntamientos puedan ejercer competencias para limitar los precios allí donde exista una situación especialmente grave. Ha puesto como ejemplo Galicia, gobernada por el PP, y ha reprochado a los populares que presenten como fracasadas unas medidas que, según ha señalado, también se aplican en comunidades gobernadas por su propio partido. A su juicio, el debate no debería ser partidista, sino permitir que municipios como Inca u otros puedan adoptar medidas frente al encarecimiento de la vivienda.
Negueruela ha centrado después su intervención en el incremento de los alquileres, que, ha criticado, habrían pasado de una media de 800 a 1.400 euros, una subida que golpea especialmente a trabajadores y pensionistas cuando terminan sus contratos y deben asumir nuevas rentas. Ha acusado al PP de negarse a limitar los precios y de situarse del lado de los fondos de inversión y de los fondos buitre, y ha vinculado directamente el encarecimiento de los alquileres con el riesgo de desahucio. «Si se pusieran límites al alquiler no habría tantos desahucios», ha sostenido, reclamando al Govern que priorice a las personas afectadas frente a los intereses de los grandes propietarios.
En la misma línea, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha acusado al Govern de haber convertido la vivienda en el principal problema de Baleares y de no haberlo resuelto tras tres años de legislatura. El ecosoberanista ha recriminado que, mientras el Ejecutivo y la oposición se enzarzan en reproches partidistas, los alquileres han aumentado un 30% y el precio de compra un 40%, según los datos que ha esgrimido durante su intervención. La presión inmobiliaria en las islas está expulsando a numerosos residentes y hacinando a otros en infraviviendas y caravanas, una situación que los colectivos movilizados llevan semanas denunciando en las calles de Palma.