El partido político Iustitia Europa, personado como acusación popular en diversas causas que afectan al Gobierno o al PSOE, ha reclamado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que suspenda de funciones al director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, tras su imputación en el caso Leire Díez. La formación política expone en un escrito que la ley habilita a la ministra para suspender a un miembro del Instituto Armado «valorando la gravedad de los hechos» que se le imputen penalmente y «la alarma social producida».
El actual DAO de la Guardia Civil ha sido imputado por el juez Santiago Pedraz junto a la directora general del cuerpo, Mercedes González, por su presunta implicación en las maniobras de Leire Díez contra la Unidad Central Operativa (UCO). Se les atribuyen presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia, por unos hechos que, a juicio de Iustitia Europa, presentan «una gravedad institucional extraordinaria». La instrucción examina, entre otros hechos, las reuniones mantenidas entre la directora general y la fontanera socialista Leire Díez, en una de las cuales se habría solicitado la rehabilitación de un comandante investigado en el caso Koldo, así como las instrucciones trasladadas a la cúpula del instituto armado.
«Nos encontramos ante una imputación que afecta directamente a la confianza ciudadana en la neutralidad, independencia, limpieza y funcionamiento operativo de la Guardia Civil, así como a la protección de las investigaciones judiciales en curso», subraya en su escrito el letrado, presidente de Iustitia Europa y guardia civil en excedencia, Luis María Pardo. Su solicitud, formulada ante el Ministerio de Defensa, se asienta en el artículo 92 de la Ley de Régimen del Personal de la Guardia Civil. Esta norma señala que el titular de Defensa podrá suspender de sus funciones a un miembro del Instituto Armado «como consecuencia del procesamiento, inculpación o adopción de alguna medida cautelar contra el imputado en un procedimiento penal o por la incoación de un expediente disciplinario por falta muy grave».
El DAO de la Guardia Civil tendrá que declarar por primera vez ante el juez el próximo 16 de julio, al igual que Mercedes González, por lo que no pesa sobre ninguno de los dos ninguna medida cautelar, al menos por el momento. En cualquier caso, el artículo 92 de la mencionada ley señala que la ministra de Defensa debe valorar una serie de cuestiones antes de decidir sobre la suspensión de un miembro de la Guardia Civil: «la gravedad de los hechos imputados, la existencia o no de prisión preventiva, el perjuicio que la imputación infiera al régimen del Instituto o la alarma social producida». Es el ministro del Interior quien debe determinar «si dicha suspensión lleva consigo el cese en el destino».
Este jueves, inmediatamente después de conocer las dos imputaciones, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha mostrado su confianza en González y Manuel Llamas y ha descartado su cese. Sin embargo, las asociaciones de guardias civiles han reaccionado con contundencia. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la mayoritaria, exige la «inmediata dimisión» de Mercedes González y el cese del DAO, tras ser citados a declarar como investigados. «La gravedad de este paso queda subrayada por un hecho determinante: la petición de imputación no procede únicamente de las acusaciones populares, sino también de la Fiscalía Anticorrupción, que este mismo miércoles presentó su propio escrito solicitando la citación como investigados de ambos responsables», destaca la AUGC, señalando que «cuando el Ministerio Fiscal considera que existen indicios suficientes contra la cúpula de la Guardia Civil, ya no cabe hablar de estrategia política alguna».
Al parecer de Iustitia Europa, «mantener en plenitud de funciones al director adjunto operativo de la Guardia Civil mientras está investigado por delitos que afectan precisamente a la Administración de Justicia y al correcto funcionamiento de investigaciones policiales puede producir un daño irreparable al prestigio del Instituto, al interés del servicio, a la imagen de neutralidad de la Guardia Civil y a la confianza pública en sus unidades de Policía Judicial». Por ello, Luis María Pardo solicita a Margarita Robles que «acuerde de forma inmediata la apertura de las actuaciones oportunas y, en su caso, la incoación de expediente disciplinario respecto del director adjunto operativo, el teniente general Manuel Llamas». Asimismo, reclama que se suspenda al DAO de funciones, «valorando expresamente la gravedad de los hechos imputados, el perjuicio para el régimen del Instituto y la alarma social generada».
Iustitia Europa reclama también que «se dé traslado inmediato al Ministerio del Interior para que, en el ámbito de sus competencias, determine el cese en el destino del citado mando mientras permanezca vigente la situación procesal que motiva esta solicitud». La petición se produce en un contexto de creciente tensión en el seno de la Guardia Civil, donde la imputación de su cúpula ha generado un fuerte malestar entre los agentes, que ven comprometida la independencia del cuerpo en la lucha contra la corrupción. El caso, que sigue bajo instrucción judicial, podría tener implicaciones políticas de calado, al afectar a altos cargos del Ministerio del Interior y del propio Gobierno.