El Gobierno de España mantiene sin aclarar por qué no informó públicamente de la entrada sin autorización de buques de guerra marroquíes en aguas de Ceuta los días 30 y 31 de julio, coincidiendo con la entrada masiva de migrantes a la ciudad autónoma. Pese a que el episodio obligó a intervenir a la Armada española, el Ejecutivo le resta importancia y lo reduce a un «hecho puntual», de los que pueden producirse entre dos países vecinos separados por el Estrecho de Gibraltar.
La ministra portavoz, Elma Saiz, ha evitado responder directamente a la pregunta sobre los motivos por los que el Gobierno no había dado cuenta de la incursión de los buques marroquíes. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, Saiz ha insistido en que aquellos días se vivió una situación de «extraordinaria tensión» por la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos, pero ha defendido que la interlocución con el país vecino fue «fluida y constante». La portavoz ha zanjado el asunto asegurando que se trató de un «hecho puntual que se resolvió con absoluta normalidad», al tiempo que ha reivindicado las buenas relaciones diplomáticas con Rabat. «Las relaciones diplomáticas con Marruecos se enmarcan dentro de la fluidez y las buenas relaciones con un país vecino», ha señalado.
La normalidad que defiende el Ejecutivo contrasta con la dimensión del incidente. Al menos una fragata y varias patrulleras de la Marina Real marroquí penetraron sin autorización en aguas bajo soberanía española, en unas incursiones que se prolongaron durante los primeros días de agosto y que llegaron a generar riesgo de colisión entre embarcaciones militares de ambos países. La Armada española tuvo que desplegar sus propios buques —primero la fragata Santa María, que sufrió una avería, por lo que fue sustituida por la Navarra— para disuadir a Marruecos y poner fin a estos movimientos. Este despliegue evidencia que el episodio fue más allá de un simple tránsito de embarcaciones por una zona marítima compartida por dos países vecinos.
Desde Moncloa niegan que existiera intención alguna de ocultar lo ocurrido y defienden que se trata de un asunto que debía resolverse directamente entre España y Marruecos. Fuentes gubernamentales insisten en que este tipo de situaciones no son extrañas en un espacio marítimo como el Estrecho de Gibraltar, donde la proximidad entre ambos países obliga a mantener una interlocución permanente. «No es el Pacífico», argumentan gráficamente desde el Ejecutivo para quitar hierro al incidente. Sin embargo, la explicación no despeja la principal incógnita: por qué una incursión militar sin autorización, que exigió una respuesta de la Armada española, no mereció una comunicación pública por parte del Gobierno. Moncloa tampoco aclara qué explicaciones ofreció Rabat sobre estos movimientos.
La falta de explicaciones cobra especial relevancia después de que el propio Gobierno reivindicara su transparencia en la gestión de la crisis de Ceuta. El pasado septiembre, el Consejo de Ministros aprobó la desclasificación de 40 documentos relacionados con aquellos acontecimientos, incluidos informes de los servicios de inteligencia y de las fuerzas de seguridad. El Ejecutivo defendió entonces que no tenía «nada que esconder» sobre lo sucedido en la frontera, pero la incursión de los buques marroquíes no trascendió públicamente hasta más de dos meses después.
Quien sí tuvo conocimiento de lo sucedido fue Felipe VI. Según han trasladado fuentes de Zarzuela, el monarca fue informado por el Gobierno de la entrada de los buques marroquíes en aguas de Ceuta, aunque la Casa Real no ha precisado cuándo recibió esa información. Tampoco Moncloa concreta en qué momento se trasladaron los hechos al jefe del Estado, si bien fuentes gubernamentales aseguran que, en cualquier caso, se habría hecho en el marco de las conversaciones habituales con el rey y no mediante una comunicación urgente o de máxima gravedad. La revelación de estos incidentes coincide precisamente con la primera visita de Felipe VI y Letizia a Ceuta, un desplazamiento de especial significado político y diplomático por las reivindicaciones históricas de Marruecos sobre la soberanía de la ciudad autónoma.