La inteligencia artificial que debía aliviar el trabajo de los funcionarios está generando una presión creciente sobre la administración pública en varios países europeos. Tribunales, reguladores y ministerios describen un aumento de escritos, recursos y solicitudes que, según los propios responsables, en muchos casos llegan mal fundamentados, excesivamente largos o con peticiones de procedimiento incorrectas.
En Alemania, los tribunales sociales de Renania del Norte-Westfalia han visto cómo los recursos urgentes pasaron de unos 1.400 a 3.600 en comparación interanual, lo que supone un incremento del 157% en el primer trimestre de 2026 frente al mismo periodo de 2025. Los jueces explican que muchos de estos escritos, redactados con ayuda de IA, son demasiado extensos, presentan errores jurídicos o solicitan trámites que no corresponden. El problema llega además a una justicia que ya era lenta: en 2025, los casos ordinarios tardaban de media 15,6 meses en resolverse.
La situación se repite en otras regiones alemanas. El tribunal de Baja Sajonia y Bremen registró hasta agosto un volumen de recursos urgentes equivalente al 115% de todo el total del año anterior. Su vicepresidente advierte de que será necesario reforzar la plantilla en los próximos años para afrontar una carga que, por ahora, no muestra señales de moderarse.
En el Reino Unido, el regulador de información ha publicado nuevas orientaciones sobre las solicitudes de acceso a la información redactadas con IA. Según el organismo, algunas citan leyes inexistentes o exigen tareas desproporcionadas para las instituciones que deben responderlas. En Escocia, las apelaciones aumentaron un 83% entre 2025 y 2026, al pasar de 593 a 1.084, y el regulador escocés registró más de 111.000 solicitudes de información, un récord. Las autoridades escocesas estudian limitar el número de apelaciones simultáneas que una misma persona puede presentar. Un caso citado ilustra el problema: dos solicitantes presentaron 120 apelaciones en dos meses, que parecen generadas automáticamente.
En los Países Bajos, el Gobierno planea eliminar 25.000 puestos de trabajo a jornada completa en la administración central de aquí a 2035, lo que equivale a alrededor del 16% de la plantilla, con un ahorro anual previsto de 3.500 millones de euros. El plan señala la IA, la simplificación normativa y la unificación de los sistemas informáticos como herramientas clave. Sin embargo, el Ejecutivo neerlandés ya intentó antes recortes en el sector público y tuvo que revertirlos con nuevas contrataciones.
España sigue una dirección distinta en el empleo público. El Gobierno aprobó 27.232 plazas de oferta pública para 2026, con una ganancia neta estimada de unos 6.200 empleados tras descontar jubilaciones y bajas. Más de 1.700 de esas plazas están vinculadas a nuevas tecnologías, un 42% más que el año anterior. El número de empleados públicos supera los 3,07 millones según los datos de enero de 2026, y el Ejecutivo pretende digitalizar al menos otro 25% de los procedimientos.
Quedan preguntas abiertas. Todavía no existe una estimación fiable del coste que suponen las presentaciones automatizadas para los tribunales y los organismos de información, y tampoco está claro si el ahorro que promete la automatización compensará el aumento del volumen de solicitudes que ya se registra.