La Comunidad de Madrid y Cataluña concentran casi el 40% de los contratos de alquiler que podrán acogerse a la prórroga reforzada incluida en el nuevo decreto de vivienda aprobado por el Gobierno central. La norma, publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ya está en vigor y permite extender durante dos años los contratos que expiren antes del 31 de diciembre de 2028.
Según los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, Madrid acumula 402.082 alquileres susceptibles de prórroga, el 21% del total nacional. Cataluña le sigue con 339.088 contratos, casi el 18% del conjunto. La mayoría de estos últimos se localizan en Barcelona (248.053), seguida de Tarragona, Girona y Lleida.
El impacto demográfico de la medida es significativo. Con una media de 2,5 personas por hogar, según el Instituto Nacional de Estadística, en Madrid alrededor de un millón de residentes verían congelada su renta durante dos años más, casi el 15% de la población de la comunidad. En Cataluña, la concentración en el área metropolitana de Barcelona amplifica un efecto similar.
El decreto forma parte del texto más amplio negociado entre el PSOE y Sumar, que se someterá a votación en el Congreso de los Diputados este viernes para su convalidación. La principal incertidumbre reside en la posición del PNV y, sobre todo, de Junts per Catalunya, cuyo informe interno califica la iniciativa de «trágala» y enumera diez motivos para rechazarla, entre ellos que invade competencias de la Generalitat y modifica el IRPF.
En el flanco izquierdo, el Sindicato de Inquilinas reclamó este miércoles a los partidos con representación en la Carrera de San Jerónimo que apoyaran las dos normas remitidas por el Gobierno. BNG, EH Bildu y ERC fueron desvelando su voto afirmativo para la sesión extraordinaria del viernes. Podemos, el partido más crítico, calificó los decretos de «trampa» y exigió la fusión de ambas normas para que la prórroga automática se votara junto al resto de medidas. Tras reunirse con el Sindicato de Inquilinas, que mantiene una acampada en la Puerta del Sol, la formación morada confirmó finalmente su respaldo.
Más allá de Madrid y Cataluña, la distribución territorial de los contratos prorrogables refleja el peso del mercado de alquiler en cada región. Andalucía ocupa el tercer lugar con 263.222 contratos, el 13% del total, concentrados principalmente en Málaga (74.050), Sevilla (54.866) y Granada (40.069). Le sigue la Comunidad Valenciana con 224.372 alquileres, el 11%, de los cuales 120.523 corresponden a la provincia de Valencia.
Galicia registra 111.175 contratos prorrogables (5,8%), casi la mitad en La Coruña. Canarias suma 108.252 (5,7%), con Las Palmas acumulando en torno al 60% frente al 40% de Tenerife. En Castilla y León son 94.994 (5%) y algo más de la mitad se reparten entre Valladolid, Salamanca y León. Soria, la provincia menos poblada del país, cierra la tabla con 3.921 contratos.
Baleares cuenta con 69.153 alquileres susceptibles de prórroga (3,6%), seguida de Castilla-La Mancha con 65.797 (3,4%), casi la mitad en Toledo. Aragón presenta una cifra similar (64.272, el 3,4%), aunque con un fuerte desequilibrio interno: Zaragoza concentra tres de cada cuatro contratos de la comunidad. Murcia registra 46.819 (2,5%) y Asturias 41.917 (2,2%). En el furgón de cola figuran Extremadura (30.631), Cantabria (21.180) y La Rioja (12.721, el 0,6%).
La medida, no obstante, afronta incertidumbres jurídicas. Juristas y letrados del Congreso han advertido de dudas legales sobre qué norma prevalece en caso de solapamiento, un vacío que podría llevar las prórrogas de los alquileres a los tribunales. El Gobierno mantiene una doble estrategia en el decreto: incentivar el parque de vivienda en alquiler, especialmente si bajan los precios, y desincentivar los pisos vacíos y el alquiler turístico mediante bonificaciones a caseros y nuevos impuestos.