La huelga general convocada el 11 de noviembre en España, la primera en catorce años, ha dejado un escenario de seguimiento desigual, manifestaciones multitudinarias y cargas policiales en varias ciudades. La movilización, impulsada por el Sindicato de Inquilinas y respaldada por UGT y CCOO, reclamaba el derecho a una vivienda digna, además de mejores salarios, servicios públicos y pensiones.
El detonante inmediato fue el desahucio y la posterior muerte de una mujer jubilada de 87 años en Madrid. Esa situación se convirtió en el símbolo de una protesta que, según los convocantes, pretendía visibilizar el problema del acceso a la vivienda y la presión sobre las rentas de los hogares más vulnerables.
El seguimiento varió notablemente según el territorio y la fuente consultada. Los sindicatos cifraron la participación en un 75 % en Andalucía y Aragón, y en un 41 % en Extremadura y Castilla-La Mancha. Por su parte, la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) aseguró que el 90 % de los autónomos no secundó la huelga, lo que refleja la distancia entre el perfil de trabajadores por cuenta propia y el de la movilización sindical.
En el comercio, la jornada se notó de forma diversa. En Madrid y Barcelona numerosos establecimientos permanecieron cerrados y algunos protegieron sus escaparates por temor a saqueos. En Sevilla, los mercados abrieron sus puertas, aunque con menos clientela de lo habitual. En Palma y Salamanca, piquetes lograron cerrar varios negocios, lo que generó tensiones con dependientes que querían mantener la actividad. El transporte público funcionó en general con normalidad.
Las manifestaciones fueron masivas en numerosas capitales. En Barcelona, la Guardia Urbana estimó la asistencia en 55.000 personas, mientras que el Sindicat de Llogateres la elevó a 400.000, una diferencia que ilustra la disparidad de cifras que ha marcado la jornada. También hubo concentraciones multitudinarias en Madrid, Valencia, Zaragoza, Bilbao, Vitoria y San Sebastián.
La jornada tuvo episodios de tensión. Se registraron cargas policiales en Madrid, en la Gran Vía, así como en Málaga y Valencia. CCOO anunció una denuncia penal por el uso de gas pimienta en Madrid, y Amnistía Internacional pidió que se investigue el uso excesivo de la fuerza. El balance provisional recoge 40 detenidos y 476 incidencias.