El Parlamento de Escocia aprobó este martes una declaración política que proclama que su territorio es «una nación que tiene el derecho a decidir su propio futuro». El texto, respaldado por 91 votos a favor y 12 en contra, no altera el estatus constitucional actual, pero constituye el preludio de una petición formal al Gobierno británico para que acepte un nuevo mecanismo legislativo permanente que permita convocar un referéndum de independencia si las encuestas detectan una mayoría favorable a la separación.
La iniciativa llega una semana después de la declaración de Cardiff, firmada por los líderes independentistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte, en la que se reclamaba al Ejecutivo de Londres que «planifique y facilite el cambio constitucional». El primer ministro escocés, John Swinney, defendió antes de la votación el derecho de Escocia a «elegir ser una nación-Estado» y a «ser miembro de la Unión Europea». Durante el debate, aludió a la libertad de viajar por la UE y a la inversión en servicios públicos que, según él, recuperaría una Escocia independiente.
La moción contó con el apoyo del Partido Nacional Escocés (SNP), que tiene mayoría en la cámara, así como de los laboristas y los verdes. Swinney aspira a celebrar un referéndum en los próximos cinco años, es decir, durante la actual legislatura escocesa. El líder nacionalista estima que para entonces habrá más de un millón de votantes que no habían nacido o no podían votar en 2014. La posibilidad de convocar la consulta dependería en gran medida de quién gane las elecciones generales en el Reino Unido, previstas en principio para 2029.
El líder del Partido Laborista escocés, Michael Marra, recién elegido, se estrenó apoyando esta declaración, aunque la posición oficial de su partido sigue siendo contraria a la independencia y a la convocatoria de una consulta. «Quiero ver una Escocia más fuerte dentro de un Reino Unido más fuerte», afirmó Marra, quien insistió en que el partido gobernante se centre más en políticas de empleo y vivienda. El líder laborista sostiene que es responsabilidad del SNP demostrar que «la voluntad» de los escoceses no quedó clara con el referéndum de 2014. Su formación añadió una enmienda a la declaración para pedir que el Gobierno de Escocia forme una comisión para luchar contra la pobreza infantil.
Los parlamentarios del Partido Conservador y de Reform criticaron la reapertura de un debate que consideran resuelto en 2014. Los diputados de la ultraderecha abandonaron la cámara antes del final del debate a modo de protesta. La votación se planteó más como un apoyo al derecho a decidir que como un respaldo explícito a la independencia, pero el contexto estaba marcado por la reciente firma en Cardiff de una declaración de defensa de la autodeterminación por parte de Swinney, el líder de Plaid Cymru, Rhun ap Iorwerth, y la presidenta del Sinn Féin, Mary Lou McDonald, junto a la líder norirlandesa Michelle O'Neill.
El primer ministro británico, Andy Burnham, sugirió durante una sesión de control en la Cámara de los Comunes este mes que el criterio para convocar un referéndum en Escocia podría ser el mismo que para Irlanda del Norte, donde, según el acuerdo de paz de 1998, el Gobierno británico puede convocar una consulta si detecta que ya no existe una mayoría clara en el territorio para seguir siendo parte del Reino Unido. Posteriormente, Burnham aseguró que un referéndum en el caso de Escocia «no está encima de la mesa», pero el SNP utiliza ahora sus palabras para pedir el cambio legislativo. El referéndum de 2014, en el que los escoceses rechazaron la independencia por diez puntos, se convocó tras una transferencia temporal de competencias del Parlamento británico al escocés. El Tribunal Supremo dictó en 2022 que esa cesión solo valía para ese caso y que el poder de convocar una consulta sigue residiendo en Londres. Ahora el SNP pide que se adapte la legislación para que funcione como en el caso de Irlanda del Norte, si bien el Gobierno irlandés se queja de que la ley de 1998 es demasiado vaga sobre cuándo convocar una consulta.
La opinión pública escocesa está dividida sobre la independencia, pero el independentismo ha aumentado desde el Brexit. Según una encuesta reciente, la mayoría de los escoceses quiere que se celebre un referéndum en la próxima década «o antes», aunque el resultado sería ahora incierto. «El Brexit ha sido un factor que ha impulsado el crecimiento del apoyo público a la independencia en Escocia», explica Emily Gray, directora de la encuestadora Ipsos en Escocia. El 62% de los escoceses votó en contra del Brexit en el referéndum de 2016, que se aprobó con el 52% del apoyo en el conjunto del Reino Unido.