Decenas de miles de personas se manifestaron este sábado en Madrid para exigir al Gobierno medidas urgentes frente a la crisis de la vivienda, en una protesta convocada por el Sindicato de Inquilinas que terminó con una acampada indefinida en la Puerta del Sol. La movilización, que desbordó las calles de la capital, reclama que el Consejo de Ministros apruebe este martes un decreto que prohíba los desahucios y prorrogue de forma automática los contratos de alquiler.
La indignación por el desahucio de Maricarmen, una vecina que iba a ser expulsada de su vivienda, ha sido el detonante de una protesta que ha unido a inquilinos, hipotecados y jóvenes. El Sindicato de Inquilinas, plataforma con nueve años de trayectoria, ha pedido ir más allá del decreto que plantea el Ejecutivo y aprobar un «decreto Maricarmen» con cinco medidas urgentes. Entre ellas, una ley estructural que prohíba los desahucios sin alternativa habitacional, la regulación del alquiler de temporada y de habitaciones para evitar el fraude que infla los precios, una congelación de las rentas vigentes al estilo de Nueva York, prórrogas generalizadas para todos los inquilinos y una renovación automática de cinco años con prohibición de expulsión sin causa.
El Ministerio de Vivienda reiteró el sábado por la mañana que el decreto irá al Consejo de Ministros este martes, después de que Sumar amenazara con no presentarse si no entraba en el orden del día. El desahucio de Maricarmen ha movilizado incluso a Junts, que se muestra dispuesto a aceptar un nuevo decreto y podría desbloquearlo tras meses de parálisis. Sin embargo, el partido independentista sigue exigiendo exenciones fiscales para inquilinos e hipotecados. El texto que finalmente se apruebe también deberá convencer a Podemos, que se opuso a modificar la ley de suelo por considerar que aflojaba el control ambiental y favorecía los pelotazos urbanísticos. De hecho, dejar fuera cualquier cambio en esa norma facilitaría su apoyo.
La crisis de la vivienda se ha vuelto insostenible para amplias capas de la población. Los desahucios han caído en los últimos años, pero en el primer trimestre se ejecutaron más de 3.000 en España, la mayoría por impago de alquiler. Comprar una vivienda exige dos años de salario íntegro solo para la entrada, hasta cuatro en el caso de Madrid, y los alquileres se comen de media la mitad de los sueldos, según estudios de Fotocasa e Infojobs. Un piso de alquiler obliga a pagar de media 1.176 euros al mes frente a los 870 de principios de 2020. En Madrid la media alcanza los 2.000 euros por 100 metros cuadrados. El precio medio de compra ha pasado de 175.000 euros por 100 metros cuadrados a 292.000 actuales, y en Baleares y Madrid el metro cuadrado supera los 5.000 euros.
En las calles, la protesta va más allá de la situación personal de cada uno. «Tienen que garantizar la vivienda, que lo dice la Constitución», decía Rosana, de 78 años, que acudió a la marcha «por los hijos y los nietos». Silvia, una joven de 20 años que paga 750 euros por una habitación en el centro de Madrid, y Barro, de 26, que paga 595 euros por una habitación en el barrio de Delicias, más de la mitad de su sueldo, reflejan la asfixia que sufren los inquilinos. El Sindicato de Inquilinas ha advertido de que «nadie está a salvo» y ha elevado el tono con cánticos como «Ministra rentista, estás en nuestra lista», al tiempo que rechaza frontalmente las políticas de vivienda de las comunidades y ayuntamientos del PP.
Tras una semana de tensión en las calles, se espera que la próxima sea intensa en los pasillos del Congreso y de Moncloa, donde el Gobierno debe actuar rápido para apagar una mecha que amenaza con prenderse aún más. La acampada indefinida en la Puerta del Sol mantiene la presión sobre los partidos para que pacten medidas urgentes antes del martes.