El 95% de los niños, niñas y adolescentes utiliza dispositivos electrónicos en casa, según un estudio citado en el nuevo episodio del podcast '3x3N' de Antena 3 Noticias. El móvil, después de la televisión, es uno de los dispositivos más utilizados: los menores lo emplean para chatear, hacer videollamadas y navegar por redes sociales, aunque también recurren a tablets y videoconsolas. La supervisión familiar se ha convertido en el principal elemento para prevenir los riesgos asociados a este uso.
Nueve de cada diez padres aplica alguna estrategia de control, pero solo la mitad de las familias vigila el tiempo que sus hijos pasan frente a una pantalla. Las diferencias también están relacionadas con el nivel socioeconómico: según la información recogida en el episodio, las familias con menores ingresos suelen controlar menos el uso de las pantallas, mientras que aquellas con una situación económica más favorable tienden a establecer más límites. Además, el 61% de los progenitores considera importante que los menores aprendan a relacionarse con las pantallas desde la infancia.
El acceso a contenidos inadecuados y la posibilidad de que los menores se comuniquen con desconocidos son dos de las principales preocupaciones de los padres, especialmente cuando sus hijos tienen entre 3 y 7 años. A estos peligros se suman los posibles efectos del uso de las pantallas en el rendimiento académico y las relaciones sociales. Por ello, la protección de los menores no depende únicamente del tiempo que pasan conectados, sino también de los contenidos a los que acceden y de las interacciones que mantienen en internet. El objetivo, como se plantea en el podcast, no es dar la espalda a la tecnología, sino acompañar a los menores en su aprendizaje digital mediante límites, educación y herramientas de protección.
La Unión Europea trabaja en una propuesta para restringir el acceso de los menores a las redes sociales en función de su edad. La iniciativa contempla que los menores de 13 años no puedan utilizar estas plataformas. Para quienes tengan entre 13 y 15 años, plantea la creación de cuentas limitadas y supervisadas por un padre o tutor, con un tiempo de exposición restringido a una hora diaria. Entre los 15 y los 17 años, los adolescentes podrían disponer de cuentas en redes sociales con medidas de protección específicas. Sin embargo, la propuesta todavía debe superar su tramitación en el Parlamento Europeo y el Consejo, por lo que estas medidas no están en vigor.
Al margen de esta iniciativa, la Ley de Servicios Digitales busca reforzar la responsabilidad de las grandes plataformas. Entre sus objetivos figuran combatir los contenidos ilegales y prestar atención al funcionamiento de los algoritmos, tanto por su posible relación con los problemas de adicción y salud mental como por su capacidad para difundir desinformación. La normativa también contempla la posibilidad de imponer multas a las plataformas cuando corresponda.
Varios países ya han adoptado medidas para limitar el acceso de los menores a las redes sociales. Australia ha prohibido su uso a los menores de 16 años, mientras que Brasil e Indonesia también han impulsado restricciones. En Francia, la propuesta de prohibirlas a los menores de 15 años se ha encontrado con un freno judicial. La experiencia australiana refleja las dificultades de aplicar estas limitaciones: según los datos mencionados en el podcast, ocho de cada diez adolescentes siguen saltándose la prohibición después de un año de vigencia. Entre las prácticas descritas figuran el uso del documento de identidad de un adulto, la falsificación de datos y el traslado a plataformas menos conocidas, donde la supervisión es menor. Ante esta situación, Australia estudia modificar la legislación para prohibir los algoritmos que generan adicción entre los jóvenes.
La protección de los usuarios también tiene consecuencias para quienes trabajan revisando los contenidos que circulan por internet. Los moderadores pasan su jornada laboral examinando imágenes violentas y perturbadoras para evitar que lleguen al público. En Barcelona, alrededor de 700 trabajadores afectados han presentado una demanda, según se explica en el episodio. El podcast también recuerda el caso de una exempleada de Meta en Francia cuya familia relacionó su suicidio con la exposición a este tipo de imágenes. La situación de estos trabajadores pone de relieve otra de las dificultades de la moderación digital: el esfuerzo que supone retirar contenidos perjudiciales y las consecuencias que esa labor puede tener para quienes la desempeñan.