El Gobierno contempla llevar al Congreso los dos decretos de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros el día 12 de noviembre, es decir, después de la huelga general del 11-N y justo antes de que arranque oficialmente la campaña electoral. La convocatoria para esa fecha todavía no es oficial ni ha sido confirmada a los grupos parlamentarios, pero el Ejecutivo considera que no hay margen para otras fechas, porque el 13 de noviembre comienza la campaña y prefiere esperar a que pase el paro sindical.
El Consejo de Ministros rescató ambos decretos el pasado 6 de octubre, después de que el grueso de sus medidas decayera en otros dos textos tumbados unos días antes por el Pleno del Congreso. Aquella derrota parlamentaria, en la que PP, Vox y Junts votaron en contra, empujó a Pedro Sánchez a anunciar el adelanto electoral en mitad de las protestas por todo el país tras el desahucio de Maricarmen. El Gobierno ya había anunciado que pretendía apurar los plazos legales para que las medidas siguieran en vigor el máximo tiempo posible antes de someterse a convalidación. Ese plazo, de 30 días hábiles según el reglamento de la Cámara Baja, expiraría el sábado 14 de noviembre, ya en el primer fin de semana de campaña.
Según han podido contrastar fuentes gubernamentales, la preferencia del Ejecutivo es que el debate parlamentario se produzca en todo caso después de la huelga general y no antes. Por ello, las opciones para convalidar los decretos fuera de los quince días que fija la ley electoral se reducen al 12 de noviembre. El PSOE espera que tanto el paro general como el debate del día siguiente, en el que PP y Vox se opondrán a las medidas, activen al electorado progresista en plena crisis de la vivienda, con movilizaciones por todo el país.
El Gobierno cuenta esta vez con garantías de éxito para que se convalide el decreto que contiene la mayoría de medidas. En la Diputación Permanente, órgano que garantiza la continuidad de los poderes de la Cámara cuando esta no está reunida, como ocurre ahora por estar disuelta, las mayorías se alteran levemente respecto al Pleno. El voto de Junts, que sumó fuerzas con PP y Vox para derogar los textos anteriores a principios de octubre, no resulta imprescindible: basta con el apoyo del PNV, que ya ha anunciado su sí al texto.
El primer artículo de ese decreto limita la compra de vivienda por parte de los fondos buitre hasta el último día de 2028 y endurece las condiciones para su adquisición. La norma se centra en la intención de la compra más que en la naturaleza de la entidad, y fija como referencia las operaciones realizadas por un precio inferior al 70% del valor de tasación de mercado. Este veto podría cerrar a los fondos la compra de pisos en nuda propiedad o con inquilinos, que suelen tener los precios más bajos.
El decreto también suspende los desahucios para personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2030. Si quien desahucia es un fondo o una empresa, el tribunal estará obligado a suspender el proceso aunque exista sentencia. En los demás casos se prevén compensaciones a los propietarios por los impagos. El artículo 5 modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil e introduce la «enervación extraordinaria», por la que las comunidades de propietarios, cuando no se ofrezca alternativa habitacional, deberán cubrir los impagos del inquilino en viviendas que no pertenezcan a grandes tenedores, es decir, a quienes tienen más de diez viviendas. El Estado compensará a las comunidades por ese gasto. Los propietarios vulnerables o con menos de dos viviendas sí podrán desahuciar por impago aunque no se les ofrezca alternativa residencial.
El decreto rescata además la prórroga extraordinaria de alquileres que estuvo un mes en vigor al estallar la guerra de Irán. Se prorrogarán por dos años todos los contratos vigentes que venzan antes del 31 de diciembre de 2028, en los mismos términos que el contrato en vigor, siempre que el inquilino esté al corriente de los últimos ocho pagos. La prórroga no tendrá efecto si se pactan otras condiciones o si el propietario necesita la vivienda para sí o para familiares. Una disposición final congela además los alquileres en las renovaciones anuales: solo podrán subir un 2% si el precio es inferior a la media delimitada por el Índice de Referencia, y si el alquiler supera los precios de referencia, el propietario no podrá subirlo en la renovación.
Por último, el Gobierno financiará a través del Instituto de Crédito Oficial una línea para particulares que quieran comprar su primera vivienda, con cargo al Ministerio de Vivienda. El mecanismo «Tu Casa» permitirá financiar la entrada de una hipoteca, por hasta el importe que fija el decreto.