El Parlamento Europeo ha concedido el premio Sájarov a la libertad de conciencia a la Corte Penal Internacional (CPI) y a sus trabajadores, un reconocimiento que adquiere una fuerte carga política después de que la Administración de Donald Trump haya impuesto sanciones a jueces y fiscales del tribunal como parte de su ofensiva para desmantelarlo.
El galardón, otorgado por primera vez en 1988 a Nelson Mandela y Anatoli Marchenko, es el máximo homenaje que la Unión Europea rinde a la labor en el ámbito de los derechos humanos. En esta ocasión, los eurodiputados socialdemócratas y del Partido Popular Europeo unieron sus votos para sacar adelante la candidatura de la CPI, según han confirmado fuentes parlamentarias.
La presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, ha subrayado que «la Unión Europea se fundamenta en el respeto al multilateralismo y a las instituciones internacionales». A su juicio, con este premio el Parlamento Europeo «reconoce la importante labor del tribunal en la defensa del Derecho internacional y la justicia». Metsola ha añadido que la Corte desempeña «un papel fundamental en la lucha mundial contra la impunidad» y que, a través de la justicia penal internacional, pretende «exigir responsabilidades a los autores de estos crímenes y contribuir a evitar que vuelvan a cometerse».
La distinción pone de relieve el trabajo de la CPI, que incluye investigaciones, procesamientos, juicios y la emisión o autorización de órdenes de detención. «La UE debe proteger los mecanismos mundiales de justicia internacional y rendición de cuentas», ha señalado Metsola.
La decisión del Parlamento Europeo llega después de meses de ataques desde Washington. El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció el pasado julio que Estados Unidos pondría en marcha una «campaña de gran envergadura para desmantelar la amenaza que supone la Corte Penal Internacional para la soberanía estadounidense». En octubre, la Administración Trump impuso nuevas sanciones al tribunal tras acusarlo de haberse politizado y de intentar juzgar de forma «injusta e ilegal» a estadounidenses e israelíes por crímenes de guerra.
Entre las personas sancionadas figura la jurista sudafricana Navi Pillay, exjueza de la CPI que había dirigido las investigaciones del tribunal sobre tropas estadounidenses en Irak y Afganistán, y que fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz. Las medidas bloquean cualquier activo que la CPI pueda tener en jurisdicciones estadounidenses y establecen un plazo de seis meses para que las empresas y personas de Estados Unidos que mantengan relaciones comerciales con la Corte pongan fin a dichas relaciones.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, felicitó a Trump «por haber tomado esta decisión crucial de imponer sanciones a la CPI». En su mensaje, Netanyahu afirmó que «la CPI no es un tribunal» sino «un organismo político que supone una amenaza mortal para las democracias respetuosas con la ley de todo el mundo y para la propia idea de soberanía nacional».
La respuesta de la Unión Europea a las sanciones fue contenida. Bruselas se limitó a un comunicado en el que aseguraba que «la UE siempre ha apoyado a la Corte Penal Internacional» y consideraba «profundamente lamentable» que Estados Unidos hubiera anunciado su intención de imponer sanciones. En ese texto, la UE subrayó que colaborará estrechamente con la CPI para garantizar que siga funcionando de manera eficaz y que mantiene su compromiso de trabajar con los 125 Estados parte del Estatuto de Roma para preservar su independencia. «Dado que hay un plazo de seis meses antes de que las medidas sean aplicables, existe margen para el diálogo», concluía el comunicado.
Los eurodiputados han pedido en repetidas ocasiones a la Comisión Europea que active el denominado estatuto de bloqueo de la UE para proteger a los responsables de la CPI frente a ataques extraterritoriales y permitir que el tribunal siga desempeñando sus funciones con plena independencia. Ese mecanismo anula dentro de la Unión los efectos de cualquier resolución judicial extranjera basada en leyes de otros países y permite a los operadores europeos reclamar ante los tribunales una indemnización por los daños derivados de la aplicación extraterritorial de esas normas.
Por ahora, las medidas estadounidenses no se han puesto en marcha, ya que las sanciones no son firmes y existe un periodo de seis meses para su imposición. El premio Sájarov supone, en este contexto, un respaldo político explícito de la Eurocámara al tribunal y a quienes trabajan en él.