El Consejo de Cultura de Castilla y León envía a quienes solicitan ayudas para producir películas un formulario de «compromiso antiideológico». Los solicitantes deben firmarlo antes de recibir cualquier subvención para sus obras, y en él se comprometen a que las actividades financiadas eviten el «adoctrinamiento ideológico» y la «propaganda partidista».
El problema, según las notas de la información, es que el texto no define qué se entiende por «adoctrinamiento». No se explicita quién determina si una obra incurre en él ni con qué criterios. Esa ambigüedad abre la puerta a que el Gobierno regional pueda retirar la financiación por el contenido de un guion o de determinadas escenas, sin un marco objetivo que lo regule.
Una columna de opinión publicada sobre el asunto sostiene que la consecuencia más probable no será una retirada visible de ayudas, sino una autocensura previa: los creadores, sabiendo lo que se les exige, decidirán qué proyectos presentan y cuáles descartan antes de llegar a la convocatoria. Es ese filtro invisible, más que las sanciones formales, el que la columna considera una amenaza para la libertad artística.
El contexto electoral añade un elemento relevante. El programa del Partido Popular para las elecciones del 29 de noviembre incluye en su medida 134 la intención de «corregir» los sesgos ideológicos en el apoyo a la cultura. El mismo programa promete acabar con la censura y con la «cultura de la cancelación», y propone que los jurados y los consejos culturales incorporen «sensibilidades» más amplias.
Vox, por su parte, recoge en el punto 76 de su programa la defensa de la cultura nacional, del patrimonio rural y de la protección frente al vandalismo. Su programa, sin embargo, no aborda de forma directa el régimen de subvenciones al cine, por lo que la exigencia del formulario no aparece explícitamente en el documento electoral de esa formación.
Ambos partidos coinciden en otros asuntos del ámbito cultural. PP y Vox respaldan una ley de mecenazgo con mayores deducciones en el IRPF, comparten la defensa de la tauromaquia y del patrimonio, y plantean una reforma de RTVE. Esa convergencia sitúa el debate sobre el formulario en un terreno donde las dos fuerzas no están enfrentadas en todos los frentes de la política cultural.
La Cadena SER ha recogido la respuesta de cineastas de Castilla y León, que niegan que la firma de este tipo de cláusulas sea un trámite habitual. Por su parte, El País informa de que se exige el mismo requisito a los solicitantes de subvenciones para cortometrajes. No se ha confirmado, a partir de la información disponible, cómo se aplicará exactamente la cláusula ni si alguna ayuda ha sido retirada por este motivo.
Queda igualmente sin despejar el efecto que tendrán los resultados del 29 de noviembre sobre la política cultural regional y nacional. Hasta entonces, el formulario plantea una pregunta de fondo que va más allá de un trámite administrativo: quién decide qué es ideología en una obra de arte y con qué garantías para quienes crean.