El exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz y la Fiscalía han vuelto a oponerse a las costas, cercanas a 39.000 euros, que el Tribunal Supremo fijó para cubrir los honorarios del abogado de Alberto González Amador, expareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El Ministerio Público se ha adherido al recurso de revisión que García Ortiz presentó contra la resolución del 3 de noviembre, en la que el Supremo, mediante decreto, rechazó sus impugnaciones a la minuta de 38.508 euros del letrado Gabriel Rodríguez Ramos.
La minuta corresponde a la causa en la que García Ortiz fue condenado por un delito de revelación de datos reservados. Según la Fiscalía, el decreto no explica por qué procede una minuta de ese importe. El Supremo había invocado una «singular complejidad» derivada de la condición de fiscal general de García Ortiz, pero, según el Ministerio Público, esa argumentación «confunde notoriedad pública con complejidad jurídica o probatoria». El Supremo ya había rechazado el recurso de García Ortiz y confirmado que pagara 39.009,48 euros en costas procesales.
La Fiscalía sostiene que hubo un único condenado, por un único hecho y un único delito, sin enjuiciamiento de estructuras organizadas ni investigaciones patrimoniales de especial dificultad. La teniente fiscal de la Fiscalía del Tribunal Supremo subraya que «ni el volumen documental ni la duración del juicio, de apenas dos semanas, permiten afirmar una especial complejidad de la causa». El Ministerio Público añade que el Supremo no analiza de forma individual todas las objeciones formuladas respecto a actuaciones cuestionadas del letrado.
Otro argumento de la Fiscalía compara las cifras de la condena. García Ortiz fue condenado a indemnizar a González Amador con 10.000 euros, mientras que se le imponen casi 40.000 euros de costas. Para el Ministerio Público, esa diferencia exige ponderar la proporcionalidad y extremar el control. Al no considerar acreditado que González Amador pactara la minuta con su abogado, reclama una nueva tasación de honorarios, con motivación individual de cada concepto de las costas, lo que dejaría sin efecto la última decisión del Supremo.
La condena del exfiscal incluye dos años de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general, una multa de 7.200 euros, una indemnización de 10.000 euros por daños morales a favor de González Amador y el pago de las costas procesales. Además, sigue pendiente sobre la mesa del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, una solicitud de indulto para García Ortiz. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha descartado aplicar esa medida de gracia antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, aunque los magistrados del Supremo consideraron que no concurrían razones de justicia, equidad o utilidad pública que la justificaran.