El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) encara un nuevo curso judicial marcado por la necesidad de desbloquear al menos cinco vacantes en las salas más sensibles del Tribunal Supremo, justo cuando se reactivan las causas que afectan al Gobierno y al PSOE. Las jubilaciones de los magistrados Andrés Palomo, Ángel Hurtado, Pablo Lucas Murillo de la Cueva y Juan Ramón Berdugo —esta última efectiva desde el 5 de septiembre— dejan sin cubrir varios puestos en las salas encargadas de juzgar a aforados y de revisar las decisiones del Ejecutivo y las administraciones.
Fuentes consultadas por El Confidencial advierten de que las negociaciones serán complicadas, porque cada bloque del órgano de gobierno de los jueces tratará de impulsar a sus propios candidatos, lo que podría desembocar en un nuevo bloqueo bajo la presidencia de Isabel Perelló. El puesto más comprometido es la presidencia de la Sala Tercera, que ocupó Pablo Lucas hasta el pasado 13 de julio. Lucas fue designado hace justo un año, tras más de nueve meses de bloqueo, y su elección solo se resolvió cuando los progresistas retiraron a sus candidatas, Ana Ferrer y Pilar Teso, ante la incapacidad de ambos bloques de alcanzar un acuerdo.
Para presidir la Sala Tercera, encargada de resolver los asuntos vinculados a las decisiones del Consejo de Ministros y otras administraciones, suenan los magistrados Eduardo Calvo, Ángeles Huet y Esperanza Córdoba. Esta última, a la que podría sumarse Pilar Teso, es la favorita de los progresistas, que aspiran a equilibrar la balanza con la Sala de lo Penal. Además, los vocales deben elegir, entre 14 candidatos, al magistrado que ocupará la vacante dejada por Lucas.
La Sala de lo Penal, presidida por Andrés Martínez Arrieta, tiene ya cuatro vacantes convocadas. Con la salida de Palomo, uno de los magistrados que juzgó el procés; Hurtado, instructor del caso del fiscal general, y Berdugo, pionero en jurisprudencia sobre violencia de género, la sala pierde a casi una cuarta parte de sus miembros. Se trata de la sala encargada de enjuiciar algunos de los casos más mediáticos de los últimos años, como las investigaciones al fiscal general, el caso Koldo o la sentencia del procés, además de asuntos como el caso ERE o la revisión de cientos de sentencias por agresión sexual tras la ley del solo sí es sí.
Entre los más de cuarenta candidatos a ocupar estos sillones destacan los magistrados de la Audiencia Nacional Enrique López, exconsejero de la Comunidad de Madrid; José Ricardo de Prada y Eloy Velasco. También suenan la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena, y la catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid, Silvina Bacigalupo, hija del exmagistrado del Supremo Enrique Bacigalupo y cuñada de la exministra Teresa Ribera.
El posible nombramiento de Bacigalupo ha generado polémica por su perfil cercano a los socialistas. La catedrática aspira a la plaza correspondiente al turno de juristas, vacante desde julio de 2025, que ocupaba Miguel Colmenero. Tras meses de bloqueo, los vocales acordaron incorporar esta plaza a las negociaciones sobre las nuevas vacantes abiertas este verano, una estrategia para negociar en bloque y no cada vacante por separado.