La mayoría progresista del Tribunal Constitucional ha acordado redactar una sentencia que avale la amnistía del delito de malversación por el que fue condenado el exconseller Jordi Turull en el marco de la causa del 'procés'. La decisión, adoptada en el Pleno de este martes, supone un paso decisivo para que esa interpretación se extienda a Carles Puigdemont y despeje su regreso a España sin la condición de imputado que aún pesa sobre él.
El magistrado ponente, el conservador José María Macías, había propuesto rechazar el recurso de amparo en el que Turull pedía que se obligara al Tribunal Supremo a aplicarle la amnistía. Su borrador solo ha obtenido el respaldo de los cinco magistrados conservadores, mientras que los siete progresistas han votado a favor de estimar las pretensiones del secretario general de Junts. Ante este resultado, Macías ha optado por redactar un nuevo texto favorable al amparo de Turull, que llevará a debate en el próximo Pleno del órgano de garantías.
Ese Pleno, previsto para el 6 de octubre, abordará también el recurso de amparo de la exconsellera Dolors Bassa. Fuentes jurídicas señalan que el ponente de esta sentencia, el presidente Cándido Conde-Pumpido, presentará una ponencia favorable a la estimación del amparo. Ambos asuntos se votarán ese mismo día.
El fallo sobre el recurso de Turull trasciende su situación personal, ya que marcará doctrina respecto de las demás solicitudes de amparo. Lo que se dirime ahora en el Constitucional no es si la amnistía cabe en el ordenamiento jurídico —cuestión ya resuelta en junio de 2025—, sino si el Tribunal Supremo vulneró los derechos de los líderes del 'procés' al interpretar que su situación queda fuera de los límites de la ley de amnistía. Dado que la vulneración de derechos que denuncia Turull es muy similar a la planteada por la defensa de Puigdemont y el resto de líderes independentistas, la respuesta del TC a este primer recurso de amparo marcará el camino a los demás.
Los recurrentes sostienen que el Tribunal Supremo vulneró sus derechos fundamentales cuando rechazó amnistiarles por malversación. La ley, aprobada en el Parlamento tras intensas negociaciones entre el Gobierno y Junts, establece que la malversación cometida en el marco del 'procés' es amnistiable cuando se cometiera sin el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial. El Supremo determinó en 2024 que este fue precisamente el propósito de los líderes independentistas, al utilizar fondos públicos para financiar un referéndum ilegal que, de otro modo, habrían tenido que costear de su bolsillo. «La ventaja económica no está en recibir el precio, sino en evitar el desembolso necesario para obtener lo que se ha decidido adquirir», expuso la Sala de lo Penal.
La defensa de Puigdemont, ejercida por el abogado Gonzalo Boye, sostiene que la interpretación del Supremo «carece de base en el texto legal, contradice la voluntad expresa del legislador y constituye una aplicación in malam partem de una excepción penal, en abierta vulneración del principio de legalidad penal y del principio de seguridad jurídica». El ponente Macías rechazaba estos argumentos en su borrador, al considerar que la interpretación del Supremo no puede tildarse de «sorpresiva o imprevisible, y mucho menos de caprichosa». Además, señalaba que el beneficio personal «puede manifestarse también en forma de ahorro patrimonial» y subrayaba que el Constitucional no puede actuar como una instancia casacional que enmiende decisiones del Supremo. Su posición quedará reflejada en un voto particular discrepante.