El caso de Begoña Gómez ha llegado a uno de esos momentos procesales en los que una decisión breve puede cambiar por completo la etapa siguiente. El juez Juan Carlos Peinado celebró este martes la audiencia preliminar necesaria antes de decidir si abre juicio oral con jurado contra la esposa del presidente del Gobierno y contra Cristina Álvarez, su asesora en Moncloa.
La vista terminó sin una resolución inmediata. La Fiscalía y las defensas pidieron el archivo de la causa, mientras que la acusación popular encabezada por Hazte Oír reclamó que el procedimiento avance hacia juicio. Peinado dispone ahora de tres días para decidir, según la información publicada tras la audiencia.
La precisión es importante porque el caso ha acumulado decisiones, recursos y correcciones durante meses. La fase actual no equivale todavía a una sentencia ni siquiera a la celebración automática de un juicio. Es el punto en el que el instructor debe valorar si el material reunido justifica abrir la fase oral por los delitos que permanecen vivos en el procedimiento.
En este momento, la causa se centra en presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias. La Audiencia Provincial de Madrid ya había recortado previamente el alcance de la investigación y retirado otros cargos que el instructor mantenía. Ese recorrido muestra hasta qué punto la batalla jurídica no se desarrolla solo sobre los hechos investigados, sino también sobre qué conductas pueden llegar legítimamente al jurado y con qué formulación.
Políticamente, la decisión tiene un peso evidente. Begoña Gómez es la esposa de Pedro Sánchez y cualquier avance hacia el banquillo alimentará la presión sobre el presidente, aunque el procedimiento se dirija contra ella y no convierta al jefe del Ejecutivo en acusado. Del mismo modo, un archivo supondría un revés para las acusaciones que han impulsado la continuidad del caso.
Esa conexión con La Moncloa explica parte del ruido, pero también obliga a separar planos. Las posiciones de las partes son precisamente eso: posiciones procesales. La Fiscalía y las defensas sostienen que no debe abrirse juicio; la acusación popular defiende lo contrario. La respuesta que cuenta ahora es la que adopte el juez y, después, las que puedan tomar los tribunales superiores si llegan nuevos recursos.
La audiencia de este martes se celebró además en medio de un pulso por los tiempos. Las defensas habían pedido cambios en la convocatoria y la vista comenzó con retraso. Gómez y Álvarez no estuvieron presentes, algo que la normativa no hacía imprescindible en esa sesión. El episodio volvió a mostrar la tensión entre la agenda procesal del instructor y la estrategia de los equipos de defensa.
Para el Gobierno, el calendario es incómodo porque el asunto seguirá produciendo titulares mientras se acumulan otras decisiones políticas. Para la oposición y las acusaciones, una eventual apertura de juicio ofrecería un nuevo frente contra Sánchez. Pero cualquiera de esas lecturas depende todavía de un auto que no debe darse por supuesto.
La próxima noticia será, por tanto, mucho más concreta que el debate político que rodea al caso. Peinado tiene que resolver si abre juicio oral con jurado por los delitos que permanecen en la causa o si atiende las peticiones de archivo. Hasta que esa decisión llegue, el procedimiento está en una puerta procesal, no al otro lado de ella.