Ricardo, un jubilado de 68 años con una pensión de 450 euros y un grado de discapacidad del 60%, lleva más de tres años viviendo en una furgoneta frente a la que fue su casa en el municipio tinerfeño de Arona. Sus inquilinos, que dejaron de pagarle el alquiler, siguen ocupando la vivienda, acuden a trabajar y reciben a su hija cuando veranea en la playa. Una sentencia favorable dictada en julio fijó el desahucio para el próximo 30 de noviembre, pero la aprobación del nuevo decreto de vivienda ha vuelto a poner en alerta al propietario.
El afectado teme que la norma, conocida popularmente como «decreto Maricarmen», frene el lanzamiento o provoque una situación similar a la de otros casos mediáticos. El texto contempla que los tribunales puedan suspender el desalojo aunque exista una resolución judicial si el inquilino acredita vulnerabilidad económica y carece de alternativa habitacional. Ricardo sostiene que sus inquilinos, de origen marroquí, no declaran ingresos ante la Agencia Tributaria y que el hombre trabaja como mecánico «en negro» en la misma calle. «Vivo en un furgón y ellos están viviendo en mi casa como reyes y sin pagar», lamenta.
La historia se remonta a septiembre de 2022, cuando Ricardo y su exmujer firmaron un contrato verbal de arrendamiento por un año con quien iba a ser su inquilino. Un año después, al vencer el acuerdo, el hombre dejó de pagar. Desde entonces, Ricardo pernocta en su vehículo y sobrevive con una pensión mínima. «No soy un gran tenedor, es mi única vivienda», subraya, al tiempo que critica que los Servicios Sociales no le hayan ofrecido una solución digna.
El Gobierno aprobó este martes dos decretos de vivienda que mantienen la esencia de los que el Congreso tumbó el viernes anterior. El primero entra en vigor este jueves y crea una línea de préstamos públicos al 0% de 10.000 millones de euros para la compra de primera vivienda, además de ampliar el plazo para prohibir compras especulativas de fondos buitre. El segundo solo se aplicará si la Diputación Permanente lo avala. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró tras la aprobación que su Ejecutivo «no permitirá que haya ningún desahucio más en España».
Ricardo y su abogada estudian si los matices introducidos en el texto definitivo permitirán ejecutar la sentencia. La norma anterior no garantizaba la recuperación de la vivienda cuando el inquilino dejaba de pagar y contemplaba la suspensión del lanzamiento si concurrían circunstancias de vulnerabilidad. El jubilado, que tiene reconocida su propia situación de fragilidad y posee únicamente ese inmueble, denuncia que la normativa estatal le deja desprotegido frente a la ilegalidad. «Quiero alertar del mal que está pasando este país», concluye.