Amnistía Internacional ha documentado 50 casos de maltrato de militares a personas migrantes en Ceuta, después de que un nuevo informe añadiera 28 casos a los recogidos en su primera denuncia. Según la organización, 18 de esos episodios se produjeron después de que el Ministerio de Defensa anunciara una investigación interna. Los abusos incluyen golpes, humillaciones y el uso de pistolas Taser, y en algunos casos la organización considera que podría tratarse de tortura.
Las víctimas son migrantes que permanecían en la ciudad tras la entrada masiva de personas registrada a finales de julio, una situación que la organización vincula directamente con el aumento de las actuaciones contra quienes seguían en Ceuta. Entre los casos figuran menores, entre ellos un chico de 15 años y otro de 17. Algunas personas sufrieron fracturas, heridas en la cabeza e incluso la pérdida de un ojo. El informe atribuye además otros siete casos a agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, lo que amplía el alcance de los abusos más allá de las Fuerzas Armadas.
Amnistía Internacional explica que el Ministerio de Defensa abrió una investigación interna tras su primera denuncia, pero que el Gobierno no le ha facilitado información alguna sobre ese procedimiento. Varios juzgados de Ceuta también han abierto sus propias diligencias. Sin embargo, la organización no ha podido confirmar que ningún militar haya sido investigado formalmente ni suspendido de sus funciones. Tampoco ha constatado que se hayan adoptado medidas de protección para las víctimas ni para los testigos frente a posibles represalias, un punto que, según sus conclusiones, deja a quienes denuncian en una posición especialmente vulnerable.
La delegación de la organización visitó Ceuta entre el 23 y el 26 de octubre para recabar testimonios directos. Durante esa visita recogió relatos de personas que describieron los golpes y la humillación sufrida, y que en varios casos mostraban las secuelas físicas de lo ocurrido. Amnistía Internacional subraya que la responsabilidad penal y los cargos correspondientes siguen sin determinarse, ya que esa tarea corresponde a los tribunales. La calificación de tortura en cuatro de los casos es, en cambio, una valoración propia de la organización, basada en los elementos que ha podido documentar.
El informe también critica la redada policial realizada el 22 de octubre en la sede de la ONG No Name Kitchen, una entidad que trabaja con personas migrantes en la ciudad. En ese contexto, la Fiscalía solicitó prisión provisional para dos activistas. Amnistía Internacional considera especialmente preocupante la postura de la Fiscalía, al tratarse de personas que acompañan y documentan la situación de los migrantes, y sostiene que su actuación no debería traducirse en medidas de privación de libertad sin una base que lo justifique.
El conjunto de casos plantea, según la organización, la necesidad de una investigación independiente y transparente que determine las responsabilidades individuales y reforme los mecanismos de control sobre las actuaciones de las fuerzas de seguridad en la frontera. Amnistía Internacional reclama que las víctimas tengan acceso efectivo a la justicia y a una reparación, y que el Gobierno ofrezca información completa sobre las diligencias abiertas en el Ministerio de Defensa y en los juzgados de Ceuta.