La crisis migratoria en Ceuta ha supuesto la primera gran prueba para la nueva política de asilo y retorno de la Unión Europea, y ha colocado al Gobierno de Pedro Sánchez en una posición delicada: la de aplicar unas medidas de control fronterizo que el propio Ejecutivo había rechazado durante años. La situación, que combina la presión geopolítica sobre la frontera sur con un desafío a la nueva normativa comunitaria, ha alterado la agenda de Moncloa en un otoño que no estaba previsto para abordar este asunto.
El nuevo marco europeo, aprobado el pasado mes de julio, se basa en retornos más rápidos y en una política de asilo más exigente. En este escenario, España ha sido identificada oficialmente como un «Estado miembro bajo presión migratoria» debido a las entradas a través de Canarias, Ceuta y Melilla. Esa etiqueta permite al país beneficiarse del mecanismo de solidaridad obligatoria, que ofrece a los socios europeos flexibilidad para elegir entre reubicar migrantes, aportar contribuciones financieras o brindar apoyo operativo. Además, el control tecnológico se reforzará con la expansión de Eurodac, que dejará de limitarse a los solicitantes de protección para recoger datos de todas las personas que entren de manera irregular en territorio europeo.
En lo relativo a Ceuta, Bruselas ya ha dejado claro que el derecho comunitario contempla la posibilidad de acelerar las devoluciones, incluso de menores no acompañados. Esta posición se apoya tanto en el nuevo reglamento de retorno como en la directiva vigente desde 2008, cuyo artículo 10 especifica que los menores pueden ser retornados siempre que se asegure que vuelven con sus familias o tutores legales, y que cada caso debe estudiarse de manera individualizada. La crisis ha evidenciado así la tensión entre la retórica del Ejecutivo español y las exigencias prácticas del marco legal europeo.
El politólogo Adrián Caballero, profesor asociado en la Universidad Autónoma de Barcelona, explica que el Gobierno «ha apostado por un tipo de políticas migratorias y ahora se ve obligado a aplicar otras» con las que no está de acuerdo. Caballero subraya que el Ejecutivo no ha sabido abordar el asunto desde el punto de vista estratégico, porque no ha conseguido el llamado «rally around the flag», es decir, que todos los actores cierren filas con España ante una crisis. «No se quiso señalar a Marruecos por los motivos que sean», recuerda el profesor, y añade que con esos tumbos sobre los responsables de la situación, Moncloa «ha perdido el control sobre la agenda».
El experto insiste en que el Gobierno «se tendrá que contradecir», teniendo que aplicar políticas migratorias «de mano dura», las mismas que Sánchez lleva años rechazando en el ámbito europeo. La migración convirtió al presidente del Gobierno en un verso suelto en la UE, pero la crisis en Ceuta le desplaza hacia tesis igual de duras que las que defienden Italia, Alemania o Dinamarca. «Si el Gobierno de Sánchez prometiese y construyese de hoy para mañana un millón de viviendas de protección oficial y entregase en mano todas las llaves pasado mañana, aun así no dominaría la agenda y se estaría imponiendo Ceuta y la cuestión migratoria», sentencia Caballero.
En su comparecencia en el Congreso, el jefe del Ejecutivo volvió a quitar responsabilidad a Marruecos y aseguró que sin su colaboración «hubiera sido imposible» controlar la situación. Sánchez afirmó que «no se ha podido determinar si hubo detrás de las llamadas perfiles asociados a los estados de Marruecos, Rusia o Israel», algo que dijo que «de momento es descartado por nuestros servicios de inteligencia». Sí reconoció, en cambio, que «parece que hubo mafias que se aprovecharon» de la situación. El presidente añadió que el Gobierno compartirá «toda la información» porque no tiene, dijo, «miedo a enfrentarse a poderes extranjeros», aunque asumió que la cooperación con Rabat resulta esencial para la estabilidad de la frontera.
Mientras tanto, la oposición, con PP y Vox a la cabeza, califica lo ocurrido de «invasión» y de un órdago a la integridad territorial de España. El Ejecutivo, por su parte, se mueve entre informes policiales y declaraciones públicas para evitar poner el foco sobre Rabat, mientras las fuentes diplomáticas de otros países consultadas consideran que se trata más de un asunto interno que de una cuestión de «vida o muerte» para la Unión Europea. No obstante, reconocen que si el Gobierno español no señala directamente a Marruecos, resulta muy complicado que los socios europeos puedan hacerlo. La crisis deja así al Ejecutivo en una situación de debilidad en el marco comunitario, especialmente tras las recientes tensiones con Italia, y convierte a la frontera sur en un test de credibilidad para la nueva política migratoria del bloque.